LA DEUDA DE LA OEA CON VENEZUELA

La farsa electoral de Nicolás Maduro exige que el organismo asuma una actitud más firme contra el régimen venezolano, de cara a la próxima Asamblea General.

La ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización”.

El artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana aprobada por los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la primera sesión plenaria de la Asamblea General realizada en Lima en septiembre de 2001, es claro al establecer las medidas que ese organismo debe tomar en caso de que uno de sus miembros no cumpla con las mínimas garantías democráticas que todos los países miembros se comprometieron a respetar. Y lo sucedido en la farsa electoral del pasado 20 de mayo en Venezuela es una prueba incontrarrestable de que ese país violó ese compromiso.

La OEA ha estado en deuda frente a Venezuela pese a los intentos de su secretario general, Luis Almagro, de asumir una actitud más firme y proactiva. Sin embargo, lo sucedido la semana pasada exige que los países miembros asuman en conjunto una posición clara frente al caso de ese país, más aún considerando que en su carta fundacional la OEA establece como uno de sus propósitos centrales “promover y consolidar la democracia representativa”. Venezuela sigue siendo miembro de ese organismo, pese a que el año pasado el régimen de Nicolás Maduro –en un intento por neutralizarla- anunció su retiro de ese foro, lo que de concretarse tardará a lo menos dos años. Por ello, ese organismo regional tiene no solo el deber sino la obligación, a la luz de sus compromisos firmados, de adoptar acciones contra ese país. Caracas violó los principios de la OEA, como lo dejó claro el informe de la Secretaría General sobre los comicios, donde dice que ese proceso careció de “garantías mínimas” y no respetó “los principios básicos de toda elección”.

Hasta ahora ha sido el Grupo de Lima –que carece de una organización formal y se limita a ser un espacio de coordinación entre algunos países de la OEA- el que ha asumido un rol activo frente a la crisis. Sin embargo, a la luz de lo sucedido, y considerando que en junio se realizará la Asamblea General del organismo en Washington, es urgente que se tomen acciones decididas para, por una parte, suspender a Venezuela de esa instancia y, por otra, impulsar medidas coordinadas que permitan presionar al régimen, forzarlo a enmendar rumbo y reencauzar así al país por la senda democrática.

La grave situación de violación de DD.HH. de la que dará cuenta un nuevo informe que se conocerá el martes, hace aún más urgente tomar medidas. Las acciones separadas como las adoptadas hasta ahora, y que incluyen sanciones económicas o medidas políticas, carecen de la eficacia de una acción coordinada y que involucre a toda la región. De no hacerlo, se terminará poniendo en cuestión la validez y legitimidad de la OEA, porque se estará avalando la inacción frente a un país que viola sistemáticamente los principios fundacionales de esa organización.