Universidades tienen 60 días para decidir si siguen adscritas a la gratuidad

La Ley de Educación Superior fue publicada ayer en el Diario Oficial sin que el gobierno haya celebrado su promulgación. Los plazos de la legislación comenzaron a correr: las nuevas superintendencia y subsecretaría de educación superior deben comenzar ant

2-4

Casi cuatro años de discusión entre los actores involucrados, 18 meses de trámite legislativo y más 100 días de espera desde su aprobación en la Cámara de Diputados. Ese fue el largo camino que tuvo que recorrer la Ley de Educación Superior para concretar su publicación ayer en el Diario Oficial.

De este modo, ayer comenzó la cuenta regresiva de una serie de plazos que establece la nueva legislación. Como por ejemplo, los 365 días fijados para designar al personal de las nuevas superintendencia y subsecretaría del ramo.

Claro que hay otro plazo más inmediato y que será el primero en expirar. Se trata de los 60 días que tienen las universidades adscritas a la gratuidad para decidir si se mantienen o abandonan esta política de financiamiento.

Actualmente, son 33 los planteles universitarios y 15 técnicos los que tienen el beneficio. Sin embargo, problemas financieros asociados a la fijación de aranceles -que actualmente aplican hasta el sexto decil más vulnerablehan hecho que algunos pongan en duda su continuidad.

Pero el problema no termina allí. Con la nueva legislación la gratuidad también tendrá un cambio en sus reglas y fijará, además, los aranceles que pagarán los alumnos pertenecientes desde el séptimo al noveno decil.

Según la ley, los estudiantes sin gratuidad no podrán pagar más allá del 40% del arancel regulado en el caso del séptimo y octavo decil, y un 60% más en el caso del octavo decil. Un escenario, que los rectores de las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales han calificado de alto riesgo y, por lo mismo, aparecen como las con mayor riesgo de abandonar la política pública

(ver pág 4).

Sobre este punto, el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas, señaló que la nueva ley establece uno de los cambios más profundos de los últimos 30 años, “y cambios como este siempre están sujetos a que surjan algunos problemas. El gobierno está abierto a corregir las materias que sean susceptibles a mejorar, pero eso hay que evaluarlo durante su implementación”.

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, es más crítico con el nuevo escenario. “La situación cambiará para mal y es probable que se vuelva insostenible para las universidades de mayor arancel”. Esto, pues en su opinión “la masa de estudiantes de los cuatro últimos

deciles es más grande en relación a los del 60% más vulnerable”.

No todos concuerdan con que esta medida podría agudizar el déficit financiero. Ariel Ramos, investigador de política educativa de Educación 2020, señaló que, “la situación no debiese volverse más crítica, porque con una comisión que analice el costo real de las carreras se espera que se acorte la brecha entre su valor real y el arancel referencial, lo que beneficiaría a las universidades”.

Ahora bien, ¿qué pasa si un plantel desea abandonar la gratuidad? La ley dicta un período de cinco años en que las universidades no pueden volver a adscribirse al beneficio. Sin embargo, si la casa de estudios se retira de la gratuidad, ello no afecta a los alumnos que ya poseen el beneficio.