“La Universidad Alberto Hurtado no sacrificará la calidad por la inclusión”
Dos meses tiene a partir de ayer la Universidad Alberto Hurtado para definir si se mantiene en gratuidad o abandona la política de financiamiento estatal. Su rector adelanta que no será una decisión fácil, ya que las nuevas condiciones que fija la Ley de
Según cifras oficiales, el 53% de los alumnos que este año ingresó a la Universidad Alberto Hurtado cuenta con gratuidad, mientras que el 46% del total de su matrícula, que asciende a 6.200 estudiantes, posee este beneficio. El plantel, vinculado a la Compañía de Jesús, es uno de los 33 que adscribieron a la nueva política pública, pero también es uno de los más afectados por los coletazos económicos que ha significado su implementación en los ya tres años de régimen. Por lo mismo, y ante las nuevas condiciones que fija la recién promulgada Ley de Educación Superior, el rector, Eduardo Silva, no oculta sus dudas a la hora de ser consultado por la continuidad de la UAH en la gratuidad.
¿Qué aportes entregará la nueva Ley de Educación Superior?
Los aportes son valiosos: la valoración de la educación como un derecho social que se vuelve asequible gracias a la gratuidad, créditos y becas; el reconocimiento de la heterogeneidad del sistema y la provisión mixta; abrir el Cruch a toda universidad que acredite su complejidad y cumpla con las ocho exigencias que la ley establece; la dotación de una institucionalidad más robusta con la subsecretaría y la superintendencia, etc. Al mismo tiempo, deberemos ser capaces de superar sus límites al implementarla: evitar que las nuevas regulaciones ahoguen la imprescindible autonomía; mejorar los mecanismos de acreditación y aseguramiento de la calidad; impedir que la gratuidad deteriore a las universidades que se adscriban a ella; financiar la investigación con aportes basales, etc.
La ley establece también nuevas reglas para mantenerse en gratuidad: límite de cobro de arancel para alumnos que no están en gratuidad (quintiles 7°, 8° y 9°), financiar la mantención de aquellos beneficiados que superen la duración formal de la carrera, etc. ¿Cómo lo van a enfrentar?
La ley ha sido aprobada; debe ahora ser implementada. La implementación exigirá modificaciones que la mejoren y hagan viable. Respecto de limitar el cobro de aranceles a los estudiantes del 7°, 8° y 9° decil, aumenta todavía más el déficit de las universidades adscritas a gratuidad. Al mismo tiempo, genera mayor diferencia con las universidades que pueden cobrar lo que quieran, segmentando el sistema con universidades para ricos y otras para pobres, reproduciendo lo que actualmente ya sucede en educación secundaria. La élite económica seguirá reproduciéndose en esas universidades. Por esto es clave la comisión que la ley pide para fijar los aranceles regulados. Sabemos que hay una brecha entre ellos y los aranceles reales que amenazan con empobrecer a las universidades complejas. Quizás los aranceles regulados alcanzan para financiar la docencia, pero no proyectos de investigación. Será necesario complementarlos con aportes compensatorios para investigación o con aportes basales.
Respecto de superar el tiempo de la duración de las carreras es un problema académico. Las estadísticas muestran que la mayor parte de los estudiantes no concluyen sus estudios en los plazos oficiales (congelan, reprueban algún ramo, se atrasan un semestre). Obligar a los estudiantes gratuitos a financiar ese atraso o a la universidad a asumir ese costo no es factible.
La ley da un plazo de 60 días para que las universidades que hoy están en gratuidad decidan si se mantienen o no. ¿Tienen una decisión al respecto? ¿Les parece un plazo razonable?
La política de gratuidad beneficia a muchos jóvenes talentosos que sin ella no podrían acceder a la educación superior. Pero en su actual estado es inviable tanto para el país (que debe atender también otras urgencias) como para las universidades complejas (con investigación y doctorados) que se adscriben a ella. La Universidad Alberto Hurtado no sacrificará la calidad por la inclusión, pues hacerlo sería una falsa promesa de inclusión. Creemos que hay todavía mucho espacio para hacer viable la gratuidad (aranceles regulados diferenciados, aportes compensatorios, aportes basales, etc.). Por ahora, confiamos en esas mejoras al implementar la ley, y dados los beneficios, una decisión de esta envergadura requiere de un trabajo que va mucho más allá de la estimación del impacto financiero. Ingresar, mantenerse o salirse de la gratuidad impacta en el conjunto del proyecto universitario y, por ello, requiere de la discusión y participación de toda la comunidad. En ese sentido, 60 días parece un plazo muy breve y poco realista.
¿A cuánto asciende actualmente el déficit que les ha generado la gratuidad y cómo lo están enfrentado?
Estar adscritos a esta política, nos produce, anualmente, un déficit de aproximadamente 1.500 millones de pesos. El impacto ha sido mitigado con mayor eficiencia y postergando algunos proyectos de desarrollo. En nuestro caso, hemos hecho un gran esfuerzo para asegurar que la calidad no se vea afectada. Sin embargo, la situación actual no puede mantenerse en el mediano y largo plazo. Hay proyectos de desarrollo que pueden ser postergados dos o tres años, pero deben ser implementados, de lo contrario, cualquier proyecto universitario se ve afectado.