Cuenta pública y agenda de futuro
El país esperó con expectación la cuenta pública, pues señala el camino inicial para el cumplimiento de la promesa de llevar a Chile a completar su transición al desarrollo. La cuenta pública del Presidente Piñera tuvo, a mi juicio, cinco elementos que se destacan.
El primero es su voluntad de avanzar en un ambiente de unidad. Reafirmó la importancia de las cinco mesas que ha convocado para buscar propuestas en materia de infancia, salud, seguridad ciudadana, desarrollo económico y La Araucanía, y llamó a todos a integrarse a esta tarea, lo que plantea un desafío a aquellos que se han restado, como es el caso del PS y el Partido Comunista. Esto es encomiable, pues el gobierno ha sido tratado a veces con dureza y sin altura de miras y el Presidente insiste en la unidad.
Un segundo elemento a destacar es el fuerte sello social de la ruta fijada. A la prioridad por la infancia y el desafío que significa llevar a acciones concretas las propuestas de la Comisión de Infancia y terminar con el abuso en el cuidado de los niños vulnerables, agregó su decisión de efectuar reformas profundas en materia de salud, tanto en la gestión del sistema público, con énfasis en la atención primaria, como en los seguros públicos y privados a los que se exigirá más transparencia y la oferta de un plan universal. Ratificó, asimismo, que impulsará una reforma a las pensiones que mejore el pilar solidario, las pensiones de la clase media, las mujeres y los jubilados de mayor edad, y que aumente las cotizaciones, respetando los derechos de los trabajadores sobre su ahorro previsional. Anunció la pronta presentación de un proyecto de ley que garantiza el derecho universal a la salacuna, y en el ámbito educacional ratificó el compromiso con la calidad y los contenidos, con énfasis en la educación preescolar y técnica, y un sistema único de créditos que reemplace al CAE en educación superior. Estas reformas son, en general, positivas, aunque los detalles son importantes. Son una propuesta propia de la centroderecha, lo que es valorable. En materia económica, en cambio, lo que se releva como sello distintivo es su énfasis en el mejoramiento de la infraestructura pública. La inversión pública, tanto vía concesiones como directa, alcanzaría valores del orden de 20 mil millones de dólares; hay una fuerte apuesta a la red de Metro en Santiago, que llegaría el año 2026 a aumentar en casi 50% la red. Se anuncian importantes inversiones en puertos y se plantea un mejoramiento en la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, especialmente la conectividad a internet. Se anuncia una modernización tributaria, que no incluiría una baja en la tasa de impuesto de primera categoría (con el pretexto del equilibrio fiscal), sino más bien daría mayor certeza jurídica y simplificaría el sistema. Quizás se confía demasiado en los incipientes indicadores de mejoramiento de la actividad económica, pero ello puede no ser suficiente para mantener en los años que vienen un mejor ritmo de crecimiento, pues hay una inercia negativa de leyes, como la laboral, que recién empieza a actuar. Las propuestas para aumentar la competitividad y productividad y reducir burocracia aún no tienen los contornos necesarios para evaluarlas, con lo que el incremento de la inversión productiva privada requerido, origen de la mayor parte del crecimiento económico de Chile, no parece asegurado.
El cuarto elemento que sobresale en la cuenta es el fuerte compromiso con mejorar la seguridad ciudadana. El gobierno está determinado a trabajar con las instituciones policiales para mejorar la prevención del delito y combatir el narcotráfico y los robos y asaltos. Pretende, asimismo, modernizar la Ley de Inteligencia para poner a nuestras instituciones policiales a la altura de los desafíos que deben enfrentar.
Por último, debe destacarse que el Presidente está atento a los desafíos que plantea el futuro por el envejecimiento de la población, el clima y la revolución tecnológica. Su agenda deberá ir adaptándose a estos desafíos y otros que se presenten en el camino, como la posibilidad de una insuficiente inversión privada, para lograr en definitiva la transición al desarrollo.