El tejido que rompe el acoso sexual
“Son prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos (mall, universidad, plazas, etc.); que suelen generar malestar en la víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación real con la persona agredida”. Así define el Observatorio Contra el Acoso Callejero el Acoso Sexual Callejero (ASC). Así de simple, pero que, por la naturaleza normalizada de sus manifestaciones, es necesario desmontar. El ASC forma parte de los repertorios de la violencia de género –principalmente hacia mujeres adultas, niñas y adolescentes- que urge desterrar de la vida cotidiana. En Chile, cuya sociedad se ha estructurado sobre la base de una serie de violencias –políticas, económicas, mediáticas, religiosas, educacionales-, el ASC ha sido denunciado hace décadas. No es un asunto de moda: implica recurrir a conceptos y prácticas relacionados con educación no sexista, reeducación, replantear las masculinidades y fortalecer el espacio público. El ASC se apropia de los cuerpos, simbólica y materialmente. Nadie tiene derecho a hablar del cuerpo de otro/a, menos abordarlo, tocarlo. La violencia del ASC es brutal, acumulativa, dañando las tramas del tejido social y la confianza en el espacio público material por excelencia: la calle.
Por eso, las multas son sólo una parte del problema y no deberían ser el centro de una discusión necesaria y convocante. Creo que es necesario que el foco no se centre en una municipalidad: Las Condes responde a una comuna de clase media-alta que está más preocupada de la seguridad ciudadana que, al parecer, de la reconstrucción de un espacio público cultural y social más denso y diverso; un espacio donde la educación no sexista, que se ha reclamado por años como un derecho, sea parte de los ejes que este territorio asuma más allá de las campañas publicitarias coyunturales.
Y es que la pérdida del espacio público se traduce también en ASC, que termina siendo una señal de la descomposición del tejido que nos debería conectar. Por eso, repudiar todas las formas de ASC debería alentar, al mismo tiempo, a la construcción de estructuras sociales más solidarias, complejas, democráticas, enfocadas en el respeto a los derechos humanos. Eso implica a todos los espacios públicos, incluidos los digitales y mediáticos, donde la mofa y “lugar común” hastían a cualquiera (y se banaliza la vida). Por cierto, la incitación al odio (que también debería ser sancionada) es también parte del nefasto cotidiano. Por todo lo anterior, la ordenanza de Las Condes es, a priori, una buena medida, cuando hay ASC.
No hay mínimos ni máximos para definir un ASC, como se ha visto y esa convicción guía todo debate. Todo ASC debe ser repudiado, solidariamente, y sancionado socialmente. Es más, si esa ordenanza considera una multa, bienvenida sea. Pero no nos confundamos: ese repudio y/o esa multa debe ser parte de un programa y un activismo mayor, sobre todo hoy, pensando en estos días históricos de la revolución de los feminismos, cuando urge la instalación de protocolos, pero se necesita mucho más y en varios niveles. Así es como debemos, desde la infancia, aprender a reconocer la violencia en todos los espacios, al mismo tiempo que debemos aprender a repudiarla, enfrentarla y acoger a las víctimas, especialmente cuando lo que está en juego es el derecho a la ciudad.
Esperamos que esto no sea una moda, que no quede sólo ahí, en el anecdotario de un Chile que históricamente ha preferido esconderse tras el ultraje del poder, anónimo, patriarcal. Y es por eso que la lucha contra el ASC responde a un movimiento social que tiene un correlato en la gobernanza, no al revés. Y que nadie se apropie de eso.
Si la ordenanza considera una multa bienvenida sea; pero debe ser parte de un programa mayor.