ALCANCES SOBRE EL NUEVO CRÉDITO ESTUDIANTIL . NUEVA MAYORÍA Y CASO CORFO-SQM

Se trata de un avance importante, pero los distintos aspectos que abarca deben ser analizados con detención para asegurar que sea un real beneficio.

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El Presidente de la República firmó el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de crédito estudiantil para la educación superior, el que viene a sustituir el Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario (FS). Este nuevo crédito estará disponible para los estudiantes pertenecientes a los nueve primeros deciles de ingresos del país que estudien en una institución acreditada, sea ésta universitaria o técnico-profesional, privada o estatal. Aun cuando se trata de un paso valorable por parte del gobierno, porque coloca el acento en un mecanismo de financiamiento que no provoca los graves lastres de la gratuidad, aún es temprano para calibrar su impacto, debido a los múltiples detalles.

El crédito estará disponible para quienes lo soliciten por primera vez, y también para quienes a la fecha mantienen deudas ya sea por CAE o por FS; ellos podrán acogerse al nuevo sistema, independiente de si están morosos. Entre las características que tendrá el nuevo crédito, está la tasa de interés de 2% real, un tope máximo de pago correspondiente al 10% del ingreso del deudor, la posibilidad de suspender el pago en períodos de cesantía y la condonación de la deuda luego de 15 años. Hay además dos aspectos que llamaron la atención respecto al sistema propuesto. En primer lugar, el hecho de que será el Estado –y no la banca- el que asuma el financiamiento y administración del nuevo crédito, y segundo, que se impondrá una obligación para las instituciones respecto a la cobertura de la brecha que se produzca respecto al arancel real en el caso de los estudiantes pertenecientes al 60% más pobre del país.

Sobre la idea de sacar a los bancos del sistema, ésta venía siendo una exigencia del movimiento estudiantil en los últimos años, y en los hechos los propios bancos estaban mostrando poco interés en participar de estas operaciones. Sin embargo, lo esperable es que la decisión haya respondido a un análisis objetivo en términos del ahorro que le significará al Fisco, lo que no es evidente. Adicionalmente, es fundamental establecer mecanismos que aseguren la cobranza eficaz, pues es fácil imaginar las presiones que enfrentará el Estado como prestatario de una deuda de esa cuantía.

Y en lo que dice relación con la obligación de las instituciones de otorgar una beca o crédito propio a los estudiantes de menores ingresos, es claro que ello podría asimilarse a una fijación de aranceles. Así, si bien esta situación puede llegar a tener negativas consecuencias, en principio es menos grave de lo que ocurre con la gratuidad, en la medida que se circunscribe solo a los estudiantes de más bajos ingresos, y que además el monto máximo que cubrirá el crédito -1,5 veces el arancel regulado- es mayor a la cobertura de la gratuidad. En la práctica es esperable que el crédito permita costear los aranceles reales de la mayor parte de las carreras.

Con todo, el envío de este proyecto de ley es una buena noticia. Por un lado, porque hoy existe un número importante de estudiantes que requieren de un mecanismo de financiamiento alternativo a la gratuidad, y con esta iniciativa se retoma el plan inicial del gobierno en términos de emparejar las ayudas estudiantiles del Estado sin importar la institución en la que estudie el alumno. Asimismo, es posible que frente a la opción de este nuevo crédito, las universidades que producto de la gratuidad han debido enfrentar una merma en sus ingresos, reconsideren la posibilidad de salirse de ella.