Nueva Mayoría y caso Corfo-SQM

El exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, ha protagonizado esta semana una insólita polémica, al asegurar que en el acuerdo suscrito entre el Estado y SQM -para extender la concesión a la empresa en el salar de Atacama- se dejó expresa constancia de que Julio Ponce y sus familiares directos no podrían ser asesores de SQM, en circunstancias que los propios abogados que participaron en las negociaciones -incluido el de la propia Corfo- lo han desmentido.

Más allá de lo singular que resulta este caso, en su defensa pública Bitran hizo acusaciones que revisten especial gravedad, pues señaló que “distinguidos políticos” -que asoció a la Nueva Mayoría, pero que se negó a identificar- lo presionaron durante las negociaciones en favor de Ponce. El tenor de dichas aseveraciones hace imprescindible que el exjecutivo de Corfo revele a la brevedad los nombres de quienes lo presionaron, a partir de lo cual el Ministerio Público debería abrir una investigación pues bien se podría configurar el delito de tráfico de influencias, en la medida que tales personeros hubiesen sido además funcionarios públicos.

Bitran asegura que “ya llegará el momento” de revelar los nombres. Lo cierto es que no resulta responsable hacer una denuncia de esta naturaleza para luego no facilitar que el caso sea debidamente investigado. Si en definitiva estas denuncias no tienen fundamento, deben darse las excusas públicas del caso y no insistir en dichas acusaciones.