La oportunidad en la trama SQM
Más allá de la discusión que se ha generado esta semana a partir del caso SQM y las aristas que la reciente decisión de la empresa ha tenido en la arena pública -cuyos detalles seguirán ocupando seguramente varias páginas de los diarios y minutos de televisión y radio- lo cierto es que también vale la pena preguntarse que oportunidades se abren en materia de política pública, de manera de buscar medidas que ayuden a mejorar la relación entre lo público y lo privado.
Chile ha generado una prolífica legislación en materia de transparencia y combate a la corrupción, haciéndose cargo de un tema cada vez más relevante en las democracias del mundo. En tal cuadro, en la última década se han generado normativas en materia de transparencia, acceso a la información, regulación del lobby, financiamiento de campañas, entre otras. Algunas obedecen, por cierto, a la reacción de los gobiernos en torno a escándalos de corrupción, como fue la legislación que emanó de la Comisión Engel, pero en otros casos, dicha normativa se ha generado a partir de la voluntad de los gobiernos de hacer frente a la amenaza de la corrupción. En esta línea fue también que en 2009 Chile promulgó la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas (20.393), iniciativa parte de los compromisos de nuestro país para entrar a la OCDE, que lo que busca es establecer responsabilidad penal en personas jurídicas respecto a los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y/o cohecho y receptación.
El telón de fondo de todo aquello que ha estado en la discusión pública es cómo hacen los países y las sociedades para buscar mecanismos que las protejan de la corrupción y que rompan las asimetrías en el acceso al poder y las consecuencias nefastas de su abuso. Se trata, ni más ni menos, que de generar un marco y certeza jurídica que establezca reglas del juego que sin duda impactan en la calidad de la democracia y sus instituciones. Es claro que en Chile hemos avanzado, pero aún permanecen muchos mantos de opacidad en la relación entre lo público y lo privado.
En la reciente cuenta pública el ejecutivo ha anunciado una serie de medidas en esta línea que buscan hacerse cargo de los aprendizajes en materia de transparencia, probidad y políticas anticorrupción. Los anuncios son muy positivos si se asume que esto es parte de una construcción en la que varias administraciones pasadas han estado comprometidas y, en consecuencia, es preciso avanzar un peldaño más en lo que este país ha ido construyendo en esta materia. Si la agenda es suficiente o no, es un debate que es pertinente hacer siempre y en función de los contextos que lo requieren. La discusión de esta semana, por ejemplo, nos plantea una buena oportunidad para volver a mirar la suficiencia de las normas que hemos aprobado en nuestro país y en eso, la experiencia comparada es abundante en buenas prácticas.
En cualquier caso, lo que no hay que perder de vista es que un objetivo debe ser avanzar hacia una cultura de la transparencia que sea transversal, que castigue no sólo penal sino que socialmente la traición a la fe pública. Esto, por cierto, no es sólo resorte del mundo público, sino que también de la empresa privada, de los actores de la sociedad civil y en general, de la sociedad en su conjunto, porque lo peor que le podría pasar a un país como el nuestro es empezar a perder la fe y finalmente terminar naturalizando cierta impunidad con las formas de proceder.
Con todo, se abre en Chile una oportunidad. Más allá de la coyuntura y la trama planteada en los últimos días, es preciso que nuestro país se ponga a la altura de los debates, que los actores asuman sus responsabilidades y tomen los cursos de acción que corresponden, y que la ciudadanía permanezca vigilante. Sólo así será posible recuperar la confianza perdida en muchas instituciones de nuestro país.