“Las medidas cautelares en Chile son muy ineficaces”

El miembro del alto mando de la policía uniformada reconoce un alza en la violencia de las bandas criminales, las que muchas veces se proveen del mercado legal para obtener armamento de fuego a través de testaferros. “Hemos conocido casos donde un arma que cuesta $ 800 mil, luego se vende en $ 4 millones”, dice.

El jefe de la zona Este de la Región Metropolitana, general Enrique Bassaletti, muestra que en su casilla hay más de 2 mil correos y 316 mensajes sin revisar. “La contingencia está ardua”, dice. Es el día después de la muerte del cabo de Carabineros Óscar Galindo, quien falleció luego de recibir dos balazos en la cabeza. A esto se suma que el mes pasado una mujer murió en su casa de La Reina, tras ser asaltada por un joven de 18 años, y la semana pasada el Juzgado de Garantía de San Antonio decretó ilegal un control policial, en que se encontraron distintas armas de fuego.

Al respecto, señala que “se está trabajando sobre las cuatro directrices que nos impartió el general director (Hermes Soto): la modernización organizacional, la descentralización, fortalecer el análisis criminal y una mayor transparencia. Y para avanzar en esto hay que mirar qué ocurre hoy”.

¿Los delitos son más violentos en la actualidad?

Observamos que hay una mayor violencia en el actuar criminal. El observatorio de homicidios del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros (DAC) demuestra un cambio en el uso de la violencia, expresado por el uso de las armas de fuego, en la proporción del uso del instrumento para cometer el homicidio. Hace cinco o seis años el arma de fuego se usaba en un tercio de los homicidios, y hoy estamos hablando de que en un 47% de los crímenes existe el uso de estos armamentos.

REINCIDENCIA JUVENIL

“No podemos seguir aceptando que sigan entrando (a la cárcel) en forma continua sin ponerle coto a tempranas edades”.

¿Y de dónde salen esas armas, dejaron de ser hechizas?

Muchas veces las armas que están en manos de delincuentes provienen de un mercado legal, ocupando a una tercera persona que no tiene antecedentes, que pasa el examen que exige la ley, y luego se la revenden a bandas criminales por el doble o el triple de su valor. Hemos conocido casos donde un arma que cuesta $ 800 mil pesos, luego se vende en $ 4 millones. Usted comprenderá que un narcotraficante no tiene problemas en pagar eso.

¿Estima que la violencia aparece de forma más recurrente en los ca-

sos que implican a menores?

Hay una correlación fácil de demostrar: la violencia estadísticamente está concentrada en el rango más joven, y esto tiene que ver con que son más temerarios, pero no ocurre solo acá, sino a nivel mundial. Existen códigos en el mundo del hampa que se han perdido. Por ejemplo, hace 30 años robaban casas y el éxito era generar que los moradores no se enteraran que alguien había robado. Hoy, al diablo con eso, hay que amarrar a niños pequeños, violentar a una abuelita, matar a una persona, les da lo mismo.

A estas personas se les arresta más de una vez. ¿Cómo se soluciona el problema de la reincidencia?

Cuando uno busca estrategias para mitigar el crimen, a la vista salta la prevención. Recorrer las calles o hacer controles, pero todas estas acciones son marginales en comparación a lo que podríamos hacer como Estado para acortar las carreras criminales. Este es un problema de flujos: si uno no corta el flujo de entrada, lo que va a aumentar será la prisión y la cárcel, lo que es necesario, pero no podemos seguir aceptando que sigan entrando en forma continua sin ponerle coto a tempranas edades.

¿Y qué se puede hacer ante eso?

Es un tema que se tiene que ver legislativamente para que, al menos mientas dura la investigación, no siga cometiendo otros delitos. Como el uso de tobilleras electrónicas, por ejemplo. Ahí se tiene que hacer algo real, a nivel de Estado, porque las medidas cautelares en Chile son muy ineficaces. Muchos ven con suspicacia al fiscal o al juez, pero ellos se apegan a lo que la ley les permite, y eso es que frente a delitos de baja intensidad no aplica la prisión preventiva. ¿Entonces? Vamos viendo: arresto domiciliario arraigo nacional, firma quincenal, y a veces el arresto domiciliario nocturno, y bueno, ¿quién vigila ese? Carabineros.

En el caso de San Antonio, donde hubo un control de identidad y el juez decretó ilegal la detención, ¿Carabineros actuó al margen de la norma?

No me referiré a lo que le compete a un juez, pero también creemos que el procedimiento que nuestros carabineros hicieron fue el correcto. Nosotros tenemos que estar claros que debemos ser respetuosos con el derecho de las personas, porque en derecho público solo se puede hacer lo que la ley autoriza y nuestra opinión es que estábamos autorizados, no en ese, en cualquier otro caso, de hacer revisión del vehículo. Hay que apelar al sentido común.

HÁBITOS

“Existen códigos del hampa que se han perdido. Por ejemplo, hace 30 años robaban casas y el éxito era que los moradores no se enteraran”.

Para mitigar la delincuencia se necesita del mundo privado. ¿Cómo trabajan ustedes con ellos?

Muchas personas dicen: ‘la seguridad me la tiene que resolver el Estado’. Es verdad, es cierto, pero también existe una responsabilidad de las empresas, y aunque no la tuvieran, se les podría obligar, vial legal, a que tengan mínimas medidas de seguridad. ●