¿Toma ilegítima?
En el comienzo, la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se percibió como una reacción frente al acoso de que había sido objeto una de sus estudiantes, la extensa duración del sumario contra el inculpado, la ausencia de información a la afectada, y, cuestión no menor, la importancia y el alto cargo del acusado. La situación causó verdadera conmoción, por lo que no era menos de esperar que escalara a nivel nacional, contribuyendo al movimiento feminista que sumó voces en distintas universidades y grupos estudiantiles, intelectuales y políticos.
Pero ha transcurrido demasiado tiempo desde entonces y el resultado que ahora se advierte de la toma no es auspicioso, pues el petitorio original del grupo feminista no ha sido acogido por la rectoría; su contenido, desde el punto de vista de la opinión pública, se encuentra desvanecido y es prácticamente desconocido. Existe la sensación fundada de que la toma de la Facultad de Derecho no era el modo razonable ni proporcionado para instalar una mesa de conversación acerca de temas tan trascendentes como los relacionados con protocolos generales de relación entre profesores y alumnos, procesos de sanciones, entre otros, que serían de general aplicación para toda la universidad.
Por otro lado, la renuncia del decano Harasic, basada en razones políticas que apuntaban a la falta de legitimidad de la toma como herramienta de presión, ha venido a generar mayor ambiente de preocupación, pues de dicha renuncia surge un clima preeleccionario, con otros intereses, liderazgos y programas, donde la toma feminista, probablemente, es solo un elemento a considerar en las candidaturas.
La gran duración de esta toma ha terminado por minar su legitimidad original, si es que la tuvo. Pero en este caso particular, el transcurso del tiempo ha demostrado que sus protagonistas no han estado a la altura de representar realmente la profundidad de sus demandas iniciales. Luego de dos meses, no hay acuerdos, hay un decano renunciado, un petitorio desechado. Lo más grave, han quedado de lado los estudiantes, privados de sus clases, lo que importará extender el año académico. En estas condiciones, es muy difícil asegurar que las materias sean tratadas con la debida continuidad y profundidad como se haría en un año normal. Habrá un daño que no será asumido.
En definitiva, es especialmente cierto que en nuestro país se está tomando conciencia de que existen conductas reprochables, acosos indeseables y la necesidad urgente de protocolos y procedimientos para que, a través de mecanismos procesales rápidos y justos, se ponga fin a todo abuso en contra de cualquier alumna. Del mismo modo, la toma de una facultad no parece ser el modo apropiado para conseguir ese objetivo. La toma es un acto de fuerza, y lo que en casos como este se requiere son actos de diálogo, de liderazgo y de convicción.