Gratuidad en educación: un derecho social
Para las universidades del Estado de Chile, la gratuidad no es una opción, sino que representa parte de un derecho social, pues nos acerca como instituciones públicas a nuestra vocación de inclusión, movilidad social, desarrollo regional y nacional. Gracias a la gratuidad, hoy miles de jóvenes estudian en nuestras casas de estudios, sin contraer una deuda personal o familiar, avanzando de esa manera hacia el paradigma -ya asimilado por la ciudadanía- en cuanto a que el mercado no sea el único ente que regule el sistema universitario nacional.
La gratuidad existe y llegó para quedarse, gracias al esfuerzo iniciado por los mismos jóvenes a partir del 2011 y que fue compartida de inmediato por las universidades del Estado. Sin duda que el camino en el Congreso no fue una tarea fácil, donde logramos que la gratuidad se financie con recursos asignados por la ley, y no por el presupuesto anual de la República.
El desafío ahora para nuestros planteles estatales, es también enfrentar la brecha que nos genera la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real de las carreras, lo cual no es cubierto por la gratuidad.
Es en ese sentido, también se ha solicitado en innumerables ocasiones que para subsanar la diferencia que señalamos respecto al arancel regulado, las universidades ubicadas en las zonas extremas como Arica, Aysén y Magallanes, puedan aumentar dicho arancel anualmente en el mismo valor que sus costos, es decir, en base al Índice de Reajuste del Sector Público (IRSP), ello debido a que actualmente se realiza de acuerdo al IPC.
Por otra parte, al establecerse por ley permanente un sistema de financiamiento institucional para la gratuidad, donde las instituciones estatales adscriben por el sólo ministerio de la ley, se prevé la conformación de un sistema dual de financiamiento. Así, un grupo de instituciones, entre ellas las estatales, quedarán reguladas en aranceles, número de vacantes y copago, mientras que otro grupo, que será el mayoritario conformado por instituciones privadas, quedarán sin limitación de aranceles, vacantes y copago, con lo cual tendrán un fuerte incentivo a no adscribir al régimen de gratuidad.
Las 18 instituciones que conforman el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), están conscientes de su rol en cada uno de los territorios donde trabajan. Saben que deben ser el motor que impulse el desarrollo social y económico de sus comunidades, junto con generar conocimiento útil y de carácter público, es decir, al servicio de todos los chilenos.
Los recursos que el Estado de Chile invierte en la gratuidad deben estar muy bien regulados, asegurando el acceso y la calidad de sus planteles, por lo cual es fundamental fortalecer el Sistema Nacional de Acreditación, considerando la realidad que vive cada una de sus instituciones, siendo obligatorio tanto para estatales como para privados.
No obstante, debemos ser claros en algo, para las instituciones del CUECH, la calidad no es una opción, es una obligación.
En resumen, la gratuidad se ha convertido en una gran herramienta que apoya la vocación eminentemente social que tienen las universidades del Estado, al entregar la oportunidad a miles de jóvenes que antes no podían llegar a nuestras aulas debido principalmente a las barreras económicas impuestas a partir de un sistema generado durante la dictadura.
Hoy, las instituciones agrupadas en el CUECH fijamos un horizonte común de complementación y no de competición, donde asumimos que trabajando en red lograremos sinergia positiva y un impacto mucho mayor. Nuestras raíces e historias nos impulsan a trabajar unidos por el bien común y con una misión y visión diferentes a lo que dicta el mercado y la competencia.
La gratuidad da oportunidades a miles de jóvenes que antes no accedían a la universidad.