La nueva estrategia de la fiscalía para indagar abusos en la Iglesia
El Ministerio Público abrió causas por oficio en Temuco, Villarrica y Rancagua tras ver publicaciones en prensa sobre procesos canónicos contra sacerdotes.
El viernes, la PDI realizó dos allanamientos simultáneos en los edificios de los obispados de Villarrica y Temuco, en la Región de La Araucanía, en el marco de una investigación por presuntos abusos sexuales de sacerdotes contra menores de edad.
A diferencia de otros casos, las pesquisas del ente persecutor surgieron de su nueva estrategia para indagar estos ilícitos cometidos por religiosos: abrir investigaciones por oficio, es decir, sin una denuncia de las víctimas, luego de que la Iglesia, a través de comunicados o publicaciones de prensa, informara sobre la apertura de indagatorias canónicas por presuntos ataques sexuales a menores.
Así ocurrió el 18 de junio pasado, cuando el obispado de Temuco dio cuenta de la situación de tres sacerdotes: Pablo Walter Isler (sancionado por la justicia canónica por abuso), Juan Carlos Mercado (renunciado al ministerio sacerdotal tras una denuncia similar) y José Vicente Bastías (con un proceso canónico en curso).
Dos días después, el 20 de junio, el obispado de Villarrica dio a conocer una investigación por presunto abuso sexual contra un menor y la remisión de los antecedentes a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en relación al sacerdote Belisario Valdebenito.
En ambos casos, el Ministerio Público abrió una causa y luego pidió una orden judicial para incautar documentos sobre los presuntos abusos sexuales. Según el vocero de la Fiscalía de Temuco, Roberto Garrido, la decisión se adoptó ya que los “antecedentes no fueron aportados en su momento”.
Situación similar ocurrió en Rancagua con el caso del excanciller del Arzobispado, Óscar Muñoz, quien se autodenunció ante la Oficina Pastoral de Denuncias (Opade) de la Iglesia (ver Reportajes). Sin embargo, tras una publicación de prensa sobre su caso, la fiscalía decidió abrir una causa de oficio para investigar los actos del religioso. Tras ello el fiscal regional, Emiliano Arias, ordenó el allanamiento de las oficinas del Tribunal Eclesiástico, el Arzobispado y el obispado de Rancagua.
Versión de la Iglesia
Respecto de la razón por la cual la Iglesia no denunció estos hechos directamente a la fiscalía tras conocer las denuncias, desde el obispado de Temuco señalaron que “lo primero que se les recomienda a las víctimas es que declaren a la fiscalía para extender la denuncia, y no se hizo porque ellas mismas pidieron el resguardo de su identidad”. Asimismo, manifestaron que “a través del vicario judicial se es- taba entregando todo lo que se estaba pidiendo. El vicario estaba en conversaciones.
En tanto, desde el obispado de Villarrica manifestaron que “ambos casos de sacerdotes (de Valdebenito y de Orlando Rojel) se han llevado a la justicia civil. Desde ya el sacerdote Orlando Rojel está cumpliendo sentencia penal y el caso de Valdebenito aún esta en proceso”.
Desde la Oficina Pastoral de Denuncias de la Arquidiócesis de Santiago afirmaron que “cuando las víctimas denuncian estos hechos, señalan que prefieren mantenerlos de forma confidencial. Por esta razón llevan el proceso canónico sin denunciarlo a la fiscalía”.
Añadieron que “las personas quieren resguardar su identidad y no quieren exponerse. Sin perjuicio de ello, desde los nuevos protocolos se anima a los denunciantes a que hagan la denuncia ante los tribunales de justicia. Incluso, desde ahora se entregará un teléfono de contacto con la fiscalía a todas las personas denunciantes, para que tengan todas las facilidades necesarias para acudir a la justicia civil”. ●