Fiscalía acusa un cartel en el combate a los incendios forestales
Requerimiento detalla que Faasa Chile y Martínez Ridao fijaron precios y condiciones de mercado. Entre afectados están Onemi, Conaf y privados como Celco y Mininco.
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), en contra de dos empresas que se habrían concertado para actuar de forma conjunta y entorpecer la competencia en el mercado de la extinción de incendios forestales entre 2009 y 2015.
Se trata de las firmas Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada, que prestan servicios aéreos mediante aviones cisterna para la extinción de incendios forestales y que, según la FNE, “determinaron condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados”, con la finalidad de adjudicarse contratos.
La fiscalía solicitó al TDLC una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales (unos US$ 2,6 millones) para Faasa y otra de 4.000 UTA para la empresa Martínez Ridao (casi US$ 3,5 millones), por haber establecido acciones contrarias a la libre competencia. De acuerdo al requerimiento, dichas multas reflejan el perjuicio y la gravedad de los hechos imputados, en el contexto en que “han concentrado prácticamente la totalidad de las ventas asociadas a estos servicios, por lo que sus clientes, tanto públicos como privados, han debido pagar los precios del cartel al no contar con ofertas alternativas”.
Esta práctica habría afectado a entidades públicas, entre ellas la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), además de privados como Celulosa Arauco y Constitución S.A. y Mininco y Masisa S.A.
El inicio
El origen de esta investigación
“Determinaron condiciones de comercialización, precios y participación”.
FISCALIA NAC. ECONÓMICA REQUERIMIENTO
proviene de una indagatoria iniciada en España, donde se detectó un acuerdo entre 14 empresas de combate de incendios forestales y la concreción de delitos como alterar precios, organización criminal y falsedad de documentos mercantiles.
Dicha investigación arrojó que esas firmas se habrían asignado zonas de influencia para proveer sus servicios, tanto al interior de España, como en otros países, entre los cuales se incluía a Chile.
Tras conocerse estos antecedentes y considerando que dos de las 14 empresas involucradas en el cartel español proveían servicios en Chile, la FNE abrió una investigación local.
Las pesquisas incluyeron incautaciones en ambas firmas, las que se llevaron a cabo en mayo de 2017 en dependencias de ambas empresas. Así, la fiscalía recopiló antecedentes de reuniones y comunicaciones, vía correo electrónico, establecidas entre altos ejecutivos de ambas firmas, para coordinar su participación -e incluso el retiro- en procesos de contratación de servicios de parte de entes públicos y privados.
Según da cuenta el informe presentado al TDLC, se recuperaron reiteradas comunicaciones destinadas a fijar condiciones de comercialización. “En el 2009, ejecutivos de Faasa y de la empresa Martínez Ridao se contactaron con el objeto de coordinar el suministro de los servicios solicitados por Forestal Mininco S.A (...). Las referidas se habrían concertado para fijar de manera conjunta las condiciones de comercialización de los contratos celebrados con este cliente”, expresa el requerimiento.
Este agrega que “así, tanto Martínez Ridao como Faasa suscribieron el 7 de octubre de 2009 contratos con Minico, estableciendo exactamente las mismas condiciones”.
Una práctica que se habría repetido durante la siguiente temporada de incendios forestales, donde se “volvieron a comunicar para fijar precios que ofertarían por sus servicios”, esta vez con otra forestal.
Tras ser contactados por La Tercera, desde Conaf indicaron que revisarán la solicitud antes de emitir alguna declaración. Las empresas aludidas en tanto, si bien fueron contactadas, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. ●