Enfoque transversal para la no discriminación
La ley que establece medidas contra la discriminación cumple seis años. Se la recuerda como “Ley Zamudio”: su último trámite estuvo sometido a la presión social que generó la muerte de Daniel Zamudio. Es un caso más en que el Estado exhibe un carácter reactivo frente a graves vulneraciones a los DD.HH.: el desastre del Sename dio origen a una subsecretaría y un Defensor del niño; la ola migratoria revivió la urgencia de actualizar la ley de migración y extranjería; tras las masivas protestas de mujeres, el gobierno presentó un proyecto de reforma constitucional. En cada crisis asoma la profunda desigualdad que impera en Chile, a causa de la postergación de los grupos históricamente discriminados.
La ley antidiscriminación se originó a partir del diagnóstico compartido de que nuestro ordenamiento jurídico era insuficiente para otorgar una protección efectiva a las personas frente a la discriminación arbitraria. Al poner el foco en el derecho a la igualdad y la no discriminación, esta ley representó un cambio de paradigma. Sin embargo, y sin desmerecer el valor que ha tenido la acción judicial, esta vía, por si sola, está lejos de cumplir dicho fin.
Espacio Público realizó un estudio que identifica las principales falencias institucionales en esta materia, así como las funciones claves que el Estado debe implementar para promocionar y garantizar el derecho a la igualdad. La conclusión fue que la respuesta pública suele ser dispersa, parcial y fragmentada, lo cual deja fuera de las prioridades de gobierno a los grupos menos organizados y a los “sin voz” y da origen a ineficiencias e inconsistencias.
Recientemente, muchas de las funciones demandadas por la sociedad civil se reunieron en la nueva Subsecretaría de DD.HH. El principal desafío ahora es darle la autoridad y las herramientas de gestión que le permitan cumplir con su mandato. El recién creado Plan Nacional de DD.HH. es un primer paso, sin embargo, mantiene una lógica sectorialista y con medidas acotadas para cada grupo o minoría. Para desencapsular su trabajo, creemos que la Subsecretaría debería contar con herramientas transversales como, por ejemplo, la creación de una Evaluación de Impacto sobre la Igualdad, aplicable a las políticas públicas de cada repartición del ejecutivo, con incentivos claros para su aplicación, y contar con fondos concursables para iniciativas de gobiernos municipales y la sociedad civil. Solo así podrá existirun manejo efectivo que apunte a una igualdad sustantiva, dejando atrás el tiempo de un Estado que llega tarde a proteger a las personas doblegadas por la discriminación.