Los 10 principales acuerdos
AUDITORÍAS A LAS POLICÍAS
Cada policía deberá implementar una “Ficha Estadística Codificada Uniforme”, sujeta a una auditoría externa, cuyas conclusiones serán publicadas trimestralmente. Además, para asegurar un control financiero, contable y administrativo de los recursos, se creará por ley un Comité de Auditoría. Deberán enviar los informes al Ministerio del Interior y al Congreso.
CATÁLOGO DE DELITOS EN LA JUSTICIA MILITAR
Con el objetivo de fortalecer las facultades de fiscalización de la autoridad civil y de la ciudadanía, se adecuará el catálogo de delitos de competencia de la Justicia Militar con el propósito de reducirlo. De esta forma, se busca que progresivamente la Justicia Militar no conozca causas por delitos o faltas en que las víctimas sean civiles.
RENDICIÓN DE CUENTAS Y GASTOS RESERVADOS
Las policías deberán rendir una cuenta anual en un acto público, la que deberá estar alineada con las metas de los planes comunales de Seguridad Pública. También, tendrán mayores controles de los gastos reservados, haciendo cambios legales para ampliar las materias que no podrán ser financiadas con cargo a los recursos provenientes de esos gastos.
REEMPLAZAR A POLICÍAS POR CIVILES
Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) deberán implementar, en el más breve plazo, un plan administrativo que les permita concentrar a sus funcionarios en labores operativas. Para esto, se determinará qué funciones y atribuciones no son policiales, y en ellas se reemplazará al personal uniformado por civiles o funcionarios en retiro.
CREAR UN CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA
Se creará un Consejo Nacional de Inteligencia, que será presidido por el Presidente de la República y que, además, estará integrado por el ministro del Interior, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y los jefes de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE). Este consejo tendrá como finalidad asesorar directamente al Jefe de Estado en materias de Inteligencia.
TERMINAR CON LA INAMOVILIDAD EN LA ANI
Se creará el cargo de subdirector de la ANI y se eliminarán los cargos de planta, a través de medidas de incentivo al retiro. La idea de esta iniciativa es terminar con la inamovilidad de los funcionarios públicos. Esta propuesta, dice el documento, busca potenciar una administración más flexible del recurso humano de la ANI, “para adecuarse a las fluctuantes necesidades propias de su función y potenciar el ingreso del personal idóneo”.
REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO
Se harán modificaciones legales para reestructurar y actualizar el registro de armas de fuego y tener datos fidedignos sobre la dimensión del fenómeno de las armas en el país, la ubicación real de cada una de estas y así mejorar su fiscalización. En ese sentido, se requerirá a los poseedores legales de armas de fuego inscritas su reinscripción y declaración del estado actual del arma a su nombre.
DEVOLUCIÓN ANÓNIMA DE ARMAS
Se abrirá un plazo de seis meses para la devolución anónima de armas inscritas robadas, no inscritas o ilegales. Previo a su devolución, se deberá realizar una inscripción, en un registro online, anónimo, señalando el tipo de arma, marca, número de serie, inscripción y foto de la misma. Se emitirá una autorización de tránsito de 48 horas de duración, para que el arma sea entregada en el lugar de devolución establecido.
FISCALÍA TENDRÁ ACCESO A REGISTRO DE ARMAS
El registro nacional de armas de fuego de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) deberá contar con un sistema de consulta en línea, que estará disponible para las instituciones que participen del control de armas, y para el Ministerio Público. Este registro deberá proveer de información agregada, para así permitir a las instituciones efectuar análisis criminal y, en el caso de las policías, planificación estratégica para la fiscalización.
ROL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Se ampliarán las funciones y materias permitidas por ley para delegar en funcionarios municipales su apoyo en la gestión de tránsito. También, a través de sus inspectores, las municipalidades podrán apoyar a Carabineros en las labores de protección de las víctimas de violencia intrafamiliar. Esto permitirá que Carabineros pueda destinar una mayor dotación a patrullajes preventivos.