PROYECTO PARA REFORMAR EL SENAME
Los cambios anunciados por el gobierno, si bien valiosos, deben ser acompañados de una genuina voluntad política para no seguir dilatando las soluciones de fondo.
El Presidente de la República firmó el proyecto que crea el Sistema de Protección de la Niñez, y que junto con el proyecto del Servicio de Reinserción Juvenil -que está en tramitación en el Congreso-, tiene por objeto terminar con el Servicio Nacional de Menores (Sename), separando en dos entidades el cuidado de los menores bajo protección social y los servicios destinados a la reinserción de quienes han infringido la ley.
Se trata de un paso valorable, porque supone un paso concreto en favor de comenzar a cambiar una institución del Estado que ha fracasado trágicamente en el cuidado y protección de muchos menores que han estado bajo su cargo. Un aspecto interesante es que en el caso de los menores de 14 años, se busca un enfoque esencialmente familiar, privilegiando programas y políticas que apunten a ese entorno y que solo tengan la institucionalización como última medida. De igual manera la transformación de los centros en residencias de acogida con un carácter y tamaño distinto al actual -privilegiando personalizar las atenciones- marca un giro del rumbo seguido hasta ahora.
Es necesario advertir que no es el primer esfuerzo que se hace para dividir el Sename -tanto el primer gobierno del Presidente Piñera, como el segundo de la Presidenta Bachelet, presentaron iniciativas en este sentido- los cuales se han entrampado en discusiones inconducentes, prolongando la crisis del sistema y con ello el sufrimiento de los menores, lo que constituye una grave falla ética. Por lo tanto, y dada la gravedad de la situación –reconocida no solo por informes nacionales, sino también por organismos internacionales-, sería injustificable que su discusión siguiera postergándose. Es una materia en que las autoridades de gobierno deben fijar las urgencias que correspondan, de manera de obtener una institucionalidad moderna y eficiente, pero por sobre todo para que el mandato de garantizar la protección y desarrollo de los menores sea finalmente una realidad.
Debido a la magnitud del problema, sería una ilusión suponer que con meros cambios administrativos o de orgánica bastaría para alcanzar una solución efectiva. Detrás de ello debe haber una voluntad política de impulsar un cambio estructural, lo que debe ser ejecutado con celeridad y fijándose plazos y metas concretos, de modo que la ciudadanía pueda evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados por el gobierno. La reforma que se ha planteado ocurre en el contexto de la reciente celebración de un acuerdo nacional por la infancia, lo que exige de todas las fuerzas en el Congreso asumir un compromiso.
Por otra parte, es valorable el avance de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, en relación con las muertes ocurridas al interior del Sename, y que han abierto otras aristas relativas al mal uso de recursos fiscales. Que finalmente se pueda conocer toda la verdad de lo ocurrido, que se puedan atribuir las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan, es fundamental para cerrar este doloroso capítulo de negligencia del Estado.