Financiamiento y gestión efectiva de áreas protegidas
Con la oficialización de las nuevas áreas protegidas del Estado declaradas a fines del gobierno pasado, éstas pasarán a cubrir un 21% de la superficie terrestre y un 46% de la zona económica exclusiva marina del país. Este avance es auspicioso y posiciona a Chile entre los países que más territorio protegen.
Sin embargo, el país no ha hecho aún los avances necesarios para sostener financieramente el manejo efectivo de las mismas. La administración de las áreas protegidas debe ser funcional a la misión que se les fija al creárseles, cual es conservar el patrimonio natural y cultural en ellas y los servicios ecosistémicos que proveen, que para Chile han sido valorados en más de US$ 1.360 millones anuales. La brecha presupuestaria para un manejo básico de las áreas protegidas es, según estudios recientes, de al menos US$ 70 millones al año. Aunque es una cifra importante, representa apenas un 0,03% del PIB del país.
¿Cómo podemos avanzar en cerrar la brecha presupuestaria? Primero, aumentando la inversión pública en las áreas protegidas. Como bienes públicos, el Estado es responsable de proveerles de recursos suficientes para cumplir su propósito y administrarlas en forma eficiente. Esto debe ir en línea con completar la institucionalidad ambiental, unificando la administración de las áreas protegidas en un Servicio especializado, que cuente con un programa presupuestario para la asignación de recursos por parte de la Dirección de Presupuestos, asociado a metas y objetivos explícitos de gestión.
Como complemento, reconociendo que rara vez el presupuesto público es suficiente, es recomendable diversificar las fuentes de ingresos. Una alternativa de probado éxito en el mundo son los Fondos Ambientales, instituciones privadas que recaudan, administran y direccionan financiamiento en apoyo a las políticas públicas. Estas instituciones requieren de una estrecha colaboración entre el Estado y los aportantes privados, con visión de largo plazo para la conservación.
El gobierno tiene la oportunidad de avanzar en el desarrollo eficaz de las áreas protegidas del país: impulsando la aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, fomentando que se le dote de un presupuesto acorde a su labor, y tomando un liderazgo en el diseño colaborativo de un fondo ambiental que apoye la sustentabilidad financiera de las áreas protegidas, en línea con la recién actualizada Estrategia Nacional de Biodiversidad.