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“Dirección, no bajaremos los brazos por sus actuares en contra de nuestros compañeros que están siendo acusados e investigados por ‘supuestos’, en los cuales ustedes se basan, suspendiéndolos y expulsándolos”, decía uno de los panfletos hallado por apoderados esta mañana, afuera del Liceo de Aplicación.
Minutos antes, un grupo de encapuchados se había enfrentado por tercera vez en la semana con personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. Esta vez, la motivación de los incidentes era el rechazo a la expulsión de seis alumnos del establecimiento y la cancelación de matrícula para otros cuatro.
El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, confirmó la determinación, asegurando que los estudiantes fueron sorprendidos en “actos de violencia extrema, cargando bombas molotov. Y no podemos normalizar lo que es generar caos y destrucción”.
Pero los hechos no son recientes. Los incidentes fueron cometidos entre fines de junio y principios de julio, pero la aplicación del manual de convivencia del recinto extendió el proceso hasta ayer.
En lo concreto, los expulsados deberán abandonar el liceo de manera inmediata, mientras que la cancelación de matrícula se hará efectiva en 2019. Su reubicación en la red estará a cargo de la Seremi de Educación.
Estos eventos en el liceo de Aplicación no son aislados. Es por eso que ayer apoderados de distintos liceos emblemáticos de la Región Metropolitana sostuvieron una reunión de casi dos horas con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para expresar su preocupación ante los constantes hechos de violencia que han sido registrados esta semana, y a propósito del proyecto de ley presentado el miércoles para regular estos actos.
En conversación con el programa Tu Mañana de TVN, Cubillos reiteró que la iniciativa, que permitirá la expulsión inmediata de alumnos que sean sorprendidos cometiendo actos violentos “va en directo apoyo de la educación pública”.b