Los estudiantes en la escuela, no fuera

En materia de educación, la comuna que encabezo fue pionera en dejar atrás uno de los tantos enclaves de la dictadura militar: la educación municipal. La gestión de nuestros establecimientos pasaron al Servicio Local de Educación Pública “Barrancas”, a través de la Ley 21.040. No fue casual que Pudahuel haya sido seleccionada como una de las comunas claves en este proceso, pues demostramos nuestro compromiso por una educación de calidad. Así, 12 de nuestros 19 liceos los entregamos al nuevo sistema en condición de excelencia académica y con cifras de convivencia escolar ejemplares.

Entendimos tempranamente que la educación es el pilar de una sociedad diversa, inclusiva, plural y cohesionada. Es el principal sustento de una mejor convivencia democrática. Hoy nuestro país requiere más que nunca una educación pública de calidad, que forme ciudadanos conscientes y comprometidos con su realidad y su entorno.

Por ello es que creemos que las medidas que pretenden criminalizar a nuestros jóvenes, en especial a los más vulnerables, no aborda el problema de fondo. El proyecto de ley que impulsa la nueva administración busca que los directores puedan expulsar de forma inmediata al alumno, o cancelarle la matrícula a quien ha participado en hechos de violencia.

Entendemos que la sana convivencia en una comunidad escolar requiere un respecto irrestricto entre todos sus miembros, por lo que somos los primeros en condenar cualquier violencia a estudiantes o profesores/as. Pero creemos que la solución no pasa por la exclusión o expulsión de aquellos que podrían estar generando conductas antisociales. Por el contrario, nuestra tarea, como sociedad y como educadores, es comprender el entorno y las necesidades de ese jóven; no sacarlo del sistema.

Sabemos que la expulsión de una sala de clases o de un colegio genera en el mayor de los casos un camino sin retorno para ese joven. Cabe preguntarse entonces y preguntarle a la ministra Marcela Cubillos, ¿dónde queda el estudiante apartado?

Hoy son más de 35 mil los jóvenes que han desertado del sistema escolar en la Región Metropolitana. En muchos casos, por que sus derechos han sido vulnerados en sus propios hogares o sus establecimientos educacionales. ¿Seguiremos entonces engrosando esa cifra? ¿O permitiendo la segregación aún más profunda de aquellos colegios de élite y de otros mal llamados “problemáticos”?

Mantener la educación pública es un deber de todos, que implica responder a las necesidades e intereses de nuestra sociedad, sin exclusiones ni discriminaciones, entregando a nuestros alumnos y alumnas una educación de calidad, que acoja y prepare a la persona para una integración real.

El desafío que tenemos por delante en materia de educación es de largo aliento, pero bajo ningún pretexto o circunstancia, cabe en éste la exclusión. Debemos seguir generando nuevas estrategias para un mejor aprendizaje, con una visión integradora hacia el estudiante. Entendemos la educación como un derecho humano fundamental; la herramienta que sienta las bases para una sociedad más justa y solidaria.

En base a este principio fundamental es que no podemos apoyar, bajo pretexto alguno, iniciativas fundadas en la represión o la exclusión, precisamente porque sabemos en que termina ese camino. Ante hechos de violencia o conductas vandálicas por parte de un estudiante, una debida sanción debe ser parte de un proceso formativo, solo así podemos prevenir actos que en el mayor de los casos atentan contra las propias comunidades educativas.

Debemos apoyar a las comunidades escolares, focalizando nuestro esfuerzo en aquellos alumnos emocional o socialmente más vulnerables, estimulando sus talentos y atendiendo, sobretodo, a quienes presentan bajo rendimiento. Los estudiantes pertenecen a la escuela, no fuera de ella.

El desafío en educación es de largo aliento, pero bajo ningún pretexto cabe la exclusión.