Restituir el clima de la sala de clases
No podemos desconocer que hechos de violencia como rociar con bencina a profesores o lanzar bombas molotov son de una gravedad sin precedentes. Esto es un delito y como tal, corresponde que se le aplique una sanción ejemplar. La ley vigente tiene deficiencias, por lo que el proyecto anunciado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, “Ley Molotov”, busca perfeccionar estos procedimientos y poner límites a estas graves situaciones.
Hoy por ejemplo, si un sostenedor de un establecimiento educacional realiza una denuncia al Ministerio Público por un caso de extrema violencia o porque un alumno fue sorprendido con una bomba molotov, los pasos a seguir pueden demorar fácilmente 15 días, en los cuales el estudiante no tiene ninguna restricción para ingresar al colegio. Poniendo en riesgo la integridad de los profesores, funcionarios y alumnos. Esto en muchos casos amedrenta a los afectados a presentar una denuncia, ya sea por miedo a recibir una nueva agresión o por desconfianza en el procedimiento.
Nos encontramos en un momento histórico y complejo, donde los profesores y directivos dejan de lado la labor educativa en caso que necesiten demostrar evidencias de agresiones, amenazas o insultos de parte de alumnos y apoderados. No es normal escuchar a directores amenazados, profesores golpeados o compañeros afectados psicológicamente por actos de violencia de otros.
Los directores de colegios y sus consejos consultivos no pueden tener las manos atadas frente a graves hechos de violencia. Y si se toma la decisión de expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante, no es arbitrario, es el fin de una cadena de acciones que ha realizado el colegio y que no ha tenido buenos resultados.
Este proyecto busca que los alumnos no puedan ingresar inmediatamente a los liceos o colegios, además de reducir a
5 días el plazo para realizar todos los trámites de expulsión o cancelación de matrícula. Esto busca que se tome conciencia de las consecuencias que pueden tener los actos.
Sin embargo, no podemos desconocer que esos alumnos que cometieron actos de extrema violencia, son menores de edad y tienen el derecho de recibir educación. La ministra fue clara en indicar que es responsabilidad de Ministerio reubicar a los expulsados, pero eso no es garantía de que el problema se solucione de manera definitiva o que este joven no vuelva a tener dichas conductas.
Para evitar llegar a este tipo de hechos es que debemos como sociedad abordar el problema desde la educación prebásica, con programas enfocados en los aspectos sociales y emocionales que afectan a los niños y a su entorno. Es por esto que la responsabilidad parental es fundamental también, los padres son los responsables iniciales de la crianza de sus hijos y deben trabajar en conjunto con los colegios en su formación.
En Lo Barnechea, tenemos la convicción de que las conductas deben moldearse desde la primera infancia, por eso tenemos programas especiales que abordan a los niños desde una perceptiva multifactorial, que se preocupa del bienestar social, emocional y académico.
La gran mayoría de alumnos de los colegios municipales son además vecinos de Lo Barnechea, por lo cual les entregamos una red completa de apoyo que incluye salud, deporte, vida sana y entretención; además conocemos a sus familias, hermanos y padres, lo que nos permite tener una relación más cercana y abordarlos caso a caso. Buscamos con esto, tener jóvenes motivados, integrados a la comunidad y que sean un aporte a Chile.
La tarea de educar es compleja, pero tengo la certeza que es posible erradicar la violencia escolar, si les entregamos una educación preventiva e integral, donde conozcamos su realidad y los apoyemos a ellos y su familia.
La propuesta busca perfeccionar los procedimientos y poner límite a graves situaciones.