No tropezar con la misma piedra
Desde la publicación de los primeros lineamientos sobre gratuidad en la educación superior –nada menos que en el programa del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet– diversos expertos, centros de estudios e instituciones identificaron el problema central de esta política: la diferencia entre el monto que entregaría el Estado y el costo real de financiar proyectos educativos implicaría menos recursos para el sistema, una caída en la calidad y un estancamiento generalizado. La Moneda y luego el Congreso hicieron caso omiso de esto.
Dos años después se pronunció una voz que no puede ser ignorada con la misma facilidad. La Contraloría decidió incluir en su informe de financiamiento fiscal a la educación superior una estimación de la diferencia entre los aranceles reales y los pagados por el Estado por concepto de gratuidad. El déficit del sistema, según dicha entidad, totaliza algo más de $ 17.000 millones al año, en línea con lo que distintos organismos de la sociedad civil habíamos adelantado años atrás.
¿Por qué ocurre esto? Para que haya gratuidad se requiere cubrir la totalidad del arancel. Como no existen, ni existirán, los recursos públicos necesarios para pagar el valor real, el gobierno anterior tomó dos determinaciones para hacer efectiva la gratuidad: fijó un precio único promedio y prohibió todo tipo de cobro para los estudiantes más vulnerables matriculados en las instituciones adscritas. ¿Quién paga la diferencia? En un primer momento, las instituciones de educación superior. Al mediano plazo, la calidad del sistema en su conjunto.
Pero esto solo muestra parte del problema. Los datos publicados corresponden a la glosa presupuestaria, no a la aplicación de la Ley de Educación Superior. Según la nueva normativa, no solo se fijan los precios para los estudiantes más vulnerables, sino para casi la totalidad de ellos. Esto implica que los menores ingresos para las instituciones se incrementarán aún más. En la práctica, el Comité Técnico encargado de fijar los nuevos aranceles, igualmente limitado por la caja fiscal, no llegará a resultados demasiado diferentes a los actuales.
Hasta el momento, el actual Ministerio de Educación ha sido un promotor de la gratuidad, renunciando a modificar un diseño deficitario que afectará la calidad y el desarrollo del sistema. Pero no está obligado a expandir la lógica del desfinanciamiento y la fijación de precios al Sistema de Financiamiento Solidario, el proyecto de nuevo crédito estudiantil. Sorprendentemente, éste propone fijar indirectamente los precios para los estudiantes vulnerables, generando mermas de ingresos similares o mayores a las informadas por la Contraloría para la gratuidad. En esto urge enmendar el rumbo, pues ahora no se le puede echar la culpa a los “profetas del caos”, ni al pasado ni al “legado”.