CAUTELANDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
El proyecto de Aula Segura permitirá sancionar en forma más oportuna hechos de mayor gravedad y violencia.
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Llas acciones violentas de encapuchados que lanzaron bombas molotov a Carabineros en las afueras del Liceo Barros Arana, durante esta semana, obligaron a evacuar a los alumnos que estaban en el recinto y a suspender las clases. El hecho grafica bien por qué el gobierno, unos días antes, envió al Congreso un proyecto de ley denominado Aula Segura, con el que busca dotar a los directores escolares de mayores atribuciones para expulsar a quienes se vean involucrados en este tipo de conductas y así cautelar la continuidad de las clases.
Durante los últimos años, los cambios en la legislación han ido acotando las atribuciones de los directores escolares en una serie de dimensiones, entre las cuales se cuentan precisamente las sanciones frente a faltas que afectan a la convivencia escolar. En la práctica, lo que ocurre es que, si éstas no están claramente explicitadas en el Reglamento Interno, es muy difícil llevarlas a cabo, pues existe la amenaza de las denuncias a la Superintendencia y las acciones que ésta puede llegar a tomar. De esta forma, ante hechos de violencia con el nivel de gravedad como los que han ocurrido desde hace algún tiempo, los liceos se ven impedidos de llevar a cabo acciones en forma oportuna que permitan asegurar el derecho a la educación, así como también el derecho de profesores y asistentes a trabajar en un ambiente seguro.
En ese contexto, es positivo que el proyecto Aula Segura reconozca esta problemática y busque resolverla a través de una excepción que permita sancionar oportunamente a estudiantes involucrados en hechos de violencia extrema, porte de armas y conductas que afecten la seguridad de los miembros de la comunidad escolar, aun cuando dichas faltas no estén explicitadas en los Reglamentos Internos. Al tratarse de situaciones extremas que escapan al comportamiento normal esperado, éstas no suelen estar consideradas entre los procedimientos y normativas escolares actuales. Así, si bien esta medida no constituye vulneración a la normativa actual, manteniéndose el derecho del alumno expulsado a un debido proceso, lo que se pretende es entregar a los directivos la atribución para actuar en forma oportuna. Sin embargo, no hay claridad en relación a las condiciones específicas de la reubicación y a los apoyos que requerirán estos alumnos y su nuevo colegio.
Adicionalmente, este tipo de hechos han visibilizado otro problema relacionado, que tiene que ver con hasta dónde pueden los establecimientos escolares hacerse cargo de las carencias y problemáticas de los jóvenes, las que si bien pueden tener su origen fuera de lo estrictamente escolar, repercuten en ello. En la medida que nuestro sistema escolar no cuente con las capacidades para generar una oferta educativa que atienda estas complejidades, la sola reubicación en un nuevo establecimiento educacional podría ser insuficiente. Así, si bien la iniciativa presentada por el gobierno contempla el deber ya existente del Ministerio de Educación de insertar a alumnos expulsados durante el año en otro establecimiento, sea por la causa que sea, es importante que paralelamente se tomen medidas para avanzar en este otro desafío, como también en la responsabilidad que le cabe a la familia de los alumnos sancionado.