“Mani Pulite” en Perú
Han estado en prisión “preliminar” en Perú algunos líderes fujimoristas, empezando por Keiko Fujimori, y colaboradores estrechos. A ella ya la han puesto en libertad pero, aunque es improbable, podría pasar a prisión “preventiva” en los próximos días, siguiendo la suerte que sufrieron en su día el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadie Heredia. O que han sufrido empresarios connotados y podrían sufrir otros líderes políticos y empresarios (o periodistas).
Si usted presta atención sólo a lo que dicen los afectados y sus corifeos, tendrá la sensación de una salvaje cacería política y ajustes de cuentas a cuchillada jurídica limpia. Igual que sucedió en la refinada Italia durante los años 90, los de “Mani Pulite”, o el Brasil de “Lava Jato” a partir de 2014.
No me refiero a los fines -sancio- nar la corrupción- sino a los métodos. En ambos procesos, tres instrumentos resultaron determinantes: la detención preventiva de los sospechosos, la colaboración de algunos de ellos a cambio de beneficios y la filtración a la prensa de informaciones que permitieran mantener viva la indignación de la opinión pública y su respaldo a la judicatura. Un pequeño grupo de fiscales y jueces peruanos pretende utilizar métodos similares –y amparados en los códigos legales peruanos— para combatir la corrupción que afecta la vida política y su relación con los negocios particulares.
El grueso de este esfuerzo se centra en la financiación ilegal de los partidos y líderes peruanos a través de la empresa brasileña Odebrecht, así como los intercambios de favores y dineros, directos o indirectos, entre aquellos y esta.
Pero pronto los métodos de “Mani Pulite” y “Lava Jato” que estos fiscales y jueces han importado al Perú podría extenderse a otros casos de corrupción, especialmente los descubiertos al interior del propio sistema jurisdiccional peruano.
Es muy difícil mantener la concentración en lo que importa: el empeño de estos fiscales y jueces en aplicar la justicia a personajes y organizaciones con poder. El sistema político se defiende con uñas y dientes, utilizando el Congreso, aliados dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial, y medios afines para hacer que descarrile ese trencito insolente (el Congreso opositor fue clave para la fuga, esta semana, de un juez corrupto muy cercano al fujimorismo que tenía impedimento de salida del país).
El contexto político -la vieja pugna entre los herederos de la dictadura de Fujimori y el sector democrático, que abarca desde la izquierda hasta corrientes liberalesno ayuda nada.
Cuando los Humala fueron detenidos preventivamente para ser investigados, una parte del sector democrático puso el grito en el cielo, como lo pusieron los aliados del fujimorismo los ocho días que estuvo detenida su líder, a la que se investiga por cosas parecidas, a partir de testimonios y pruebas documentales que los investigadores han ido recogiendo poco a poco, soportando la interferencia de todo tipo de intereses.
No sólo el contexto complica las cosas: también la precariedad institucional de la democracia peruana. Como la Fiscalía y el Poder Judicial están penetrados por intereses afectados por la santísima trinidad de la detención preventiva (o preliminar), la colaboración a cambio de beneficios y las filtraciones a la prensa, los fiscales y jueces ven su trabajo constantemente saboteado. Para no hablar de la interferencia del Poder Legislativo fujimorista. O de la desproporcionada presión de cierta prensa sobre los investigadores cuando se comete algún exceso (inevitables en un proceso así: también los hubo en Italia y Brasil).
¿Adónde apunta esto? Sabemos que hay un esfuerzo poco menos que heroico para hacer justicia, pero que él enfrenta una adversidad feroz, poderosa y organizada. Le doy al proceso, por ahora, un 50% de probabilidades de éxito. Eso, en el Perú, es ya un logro.
Hay un esfuerzo poco menos que heroico para hacer justicia, pero que enfrenta una adversidad feroz.