Indemnizaciones
Es probable que la evolución de la economía y del empleo determine el futuro de la actual coalición gobernante. Ese crecimiento económico será en función del esfuerzo que haga el gobierno para aumentar, más allá de lo ya logrado, la demanda por inversiones. No obstante, el mayor empleo dependerá, además de lo anterior, de las medidas que pueda tomar el gobierno para flexibilizar el mercado del trabajo.
Una de las características de nuestra institucionalidad laboral es la existencia de indemnizaciones por despido proporcionales a los años de servicio del trabajador, con un tope de 11 meses para aquellos contratados a partir de 1981, y sin tope para los demás. El derecho se adquiere una vez enterado un año de trabajo.
Este tipo de indemnizaciones constituyen una trampa. Los empleados, si se cambian de trabajo, pierden los derechos a indemnización acumulados, y los empleadores, si desean despedir a alguien, deben incurrir en un costo financiero que a menudo no están en situación de afrontar. Además, incentiva la informalidad, especialmente de los obreros de baja calificación. Como resultado, hay en nuestra economía una parte de los trabajadores y empleadores descontenta y otra sin protección social. Todo esto se traduce en una economía menos productiva.
Los derechos de indemnización se eluden masivamente. Por ejemplo en el agro, el número de temporeros (no afectos a indemnización) es mucho mayor a aquél de trabajadores con contrato de tiempo indefinido. No obstante, una elevada proporción de los temporeros trabaja para un solo empleador, renovando contrato durante el año y eludiendo así el derecho a indemnización.
Por lo anterior, no es de extrañar que el grupo de trabajo nombrado por el Presidente Sebastián Piñera, para estudiar las medidas conducentes al desarrollo integral del país, sugiriera reemplazar al actual sistema de indemnización por alguna alternativa que le dé similar protección al trabajador, sin inhibir la formalidad y la movilidad.
Es cierto que el ministro del Trabajo declaró que no está en los planes del gobierno terminar o rebajar la actual indemnización por años de servicio. Con ello, seguramente quiso reafirmar que los derechos existentes a tal indemnización serán respetados estrictamente, como corresponde en un estado de derecho. Pero lo cortés no quita lo valiente.
La actual indemnización por años de servicio inhibe la movilidad laboral e incentiva la informalidad, y por ende tiene importantes costos para el país. Urge entonces implementar algún esquema alternativo –como podría ser un seguro de cesantía expandido y perfeccionado- que beneficie a los nuevos contratados y a aquellos en ejercicio que opten por ello.