ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN LA ARAUCANÍA
Es preocupante que distintas administraciones no hayan logrado consolidar un plan efectivo y de largo plazo.
Recientemente el Presidente de la República resolvió una sustancial modificación al plan de seguridad desplegado en la zona de La Araucanía, producto de las graves irregularidades policiales detectadas en un operativo que terminó con la muerte del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca. Aun cuando es temprano para evaluar si lo resuelto por el gobierno es acertado, cabe lamentar que en la zona aún no sea posible establecer un plan de seguridad estable y de largo plazo, tarea en la que ningún gobierno parece haber tenido éxito.
En la denominada macrozona de La Araucanía, que incluye extensiones territoriales de al menos tres regiones del país, la violencia delictiva -cualquiera sea la calificación primaria que se le otorgue, ya sea terrorismo, delito común o violencia rural- desde hace décadas que viene en alza constante, lo que ciertamente resulta preocupante. No existe otra zona del territorio nacional donde sistemáticamente se atente contra lugares de culto religioso, actividades comerciales e industriales y, lo que resulta más grave, que se ponga en riesgo la integridad física de las personas. Es deber del Estado crear las condiciones para que el derecho impere y sea eficaz, otorgando seguridad a las personas.
Es en este contexto donde tiene lugar el anuncio del gobierno en orden a un nuevo plan de seguridad para La Araucanía. De acuerdo con lo que ha trascendido, se ha procedido al retiro del grupo de operaciones especiales (GOPE), el que actuó en los graves hechos relativos a la muerte del joven comunero; como contrapartida, se contempla el reforzamiento de la unidad de Fuerzas Especiales apostada en la región -unidad de Carabineros dedicada a situaciones de orden público-; inversiones en cámaras de video de última generación; capacitación de ambas policías por parte del Ministerio Público en técnicas de investigación y la creación de un nuevo cuartel de la PDI. La eficacia de estas medidas solo podrá ser evaluada en el tiempo.
No cabe duda de que la violencia en la zona tiene causalidades mediatas que no pueden ser pasadas por alto si lo que se busca es la creación de un clima de paz y concordia; de allí que resultaría un profundo error reducir estas complejidades únicamente a una dimensión de seguridad u orden público, obviando que cualquier solución de largo plazo requiere un cuidado diálogo político, tarea en la que el actual gobierno está empeñado.
Pero tampoco es posible para un estado de derecho democrático avanzar en soluciones permanentes si abandona o atenúa su deber irrenunciable de dar seguridad, evitando todo atisbo de impunidad. Lamentablemente, la debilidad institucional en la zona resulta manifiesta, tal como dio cuenta este medio en un reciente reportaje, donde decenas de causas por violencia rural en Ercilla y Collipulli -en que registran casos que incluso podrían revestir carácter terrorista- se encuentran hasta la fecha sin responsables.
Superar este delicado cuadro en la región no es tarea solo de un gobierno, sino de todo el país; los problemas que hoy se critican en inseguridad y relaciones complejas con las comunidades indígenas tienen una larga data, y por tanto las distintas fuerzas son las llamadas a facilitar caminos de entendimiento y velar por el estado derecho.