Comisión propone restricciones a la prisión preventiva
Comisión asesora del Ministerio de Justicia presentó ayer sus sugerencias a Hernán Larraín. Abogados sugirieron modificaciones, entre otras materias, a las medidas cautelares y al proceso investigativo.
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En el año 2000 se puso en marcha una de las modificaciones más profundas al sistema de justicia local, con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. Este cuerpo normativo significó que en Chile comenzara a operar la figura del fiscal, el defensor, así como los jueces de garantía y de juicio oral, entre otros nuevos actores del sistema.
Transcurridos 18 años desde ese hito, en el Ministerio de Justicia estimaron que era hora de realizar una evaluación. Para esto, la cartera convocó a 11 abogados expertos en litigio, liderados por el penalista y profesor de la U. de Chile, Gabriel Zaliasnik, para que elaboraran una propuesta. Ayer se concretó la entrega del documento al ministro Hernán Larraín, el que servirá de insumo para que el gobierno realice un proyecto de ley en esta materia.
Uno de los puntos en que ahondó la comisión fue la prisión preventiva, haciendo hincapié en que durante la última década esta medida cautelar se
ha incrementado en su uso. “Conforme con las cifras entregadas por la Defensoría Penal Pública para el período 2015-2017, más de 33 mil personas que estuvieron en prisión preventiva o internadas durante el proceso penal accedieron luego a una suspensión condicional del procedimiento, fueron absueltas en juicio, sobreseídas definitivamente, condenadas a una pena no privativa de libertad o bien su condena fue sustituida por una de cumplimiento en libertad”, señala el documento.
La propuesta establece, en este sentido, que “la comisión ha estimado proponer modificaciones en relación a los criterios para el otorgamiento de la prisión preventiva. En concreto, se propone agregar como fin que justifica la prisión preventiva el asegurar la presencia del imputado a los actos del procedimiento, trasladando algunos criterios ilustrativos que la legislación vigente considera como peligro contra la sociedad, y que son indiciarios, preferentemente, de un peligro de fuga, proponiendo, asi-
mismo, dotar de un contenido explícito el peligro contra la sociedad, en el sentido de un peligro serio y real de comisión de nuevos delitos, según los antecedentes del caso, considerando especialmente el número de delitos imputados, la existencia de otros procesos pendientes y de condenas anteriores, eliminándose otros criterios inadecuados a efectos de esta causal, como es, a criterio de la comisión, la pena abstracta de crimen del delito imputado”.
Respecto de la duración que podría tener esta medida cautelar, la comisión estimó que no correspondía poner un tope de tiempo, pero sí “la incorporación de un criterio material como es el ‘plazo razonable’”.
La instancia también estimó necesario aprovechar las nuevas tecnologías a la hora de dictar medidas cautelares contra imputados. En este sentido, planteó “el arresto domiciliario total o parcial, por ocho horas diarias, controlable mediante sistema de monitoreo telemático (tobillera electrónica), poniendo énfasis en la compatibilidad de esta medida con los antecedentes laborales, educacionales y de comisión del delito imputado”.
A nivel general en esta área, la comisión estableció que resulta necesario “corregir los criterios para el otorgamiento de medidas cautelares. Así, en primer lugar, se propone reintroducir como principio general un criterio de proporcionalidad entre la medida que se decrete y la pena probable”. Según expertos consultados, esto significa que
esta restricción de libertad solo debería ser aplicable cuando la condena que arriesga la persona investigada implique prisión efectiva.
La comisión asesora también plantea sugerencias al proceso investigativo, en la cual se “ha propuesto introducir una diligencia intrusiva de especial relevancia, resolviendo así un vacío de nuestra legislación: el registro e incautación de datos y archivos informáticos”.
En materia de control de identidad, se plantea una “regulación sistemática y armónica” de esta herramienta, que está presente en dos cuerpos legales. Asimismo, faculta al policía a realizar un registro superficial de las vestimentas para evitar riesgos a su seguridad.
Respecto de la propuesta, Larraín indicó que ahora Justicia realizará consultas a otros actores del sistema, como la Corte Suprema y el Ministerio Público, “para finalmente, dentro de los próximos meses, presentar un nuevo proyecto de reforma al Código Procesal Penal, que es mejorar por la experiencia su aplicación”.
“Se busca lograr los máximos equilibrios posibles y corregir ripios de la reforma”.
HERNÁN LARRAÍN
MINISTRO DE JUSTICIA “Hay materias que guardan relación con la incorporación de pequeños ajustes”.
GABRIEL ZALIASNIK PRESIDENTE CONSEJO ASESOR