DESIGNACIONES EN EL SERVICIO EXTERIOR

A la luz de la polémica en torno a la exagregada comercial en Nueva York, es indispensable tomar en cuenta que la ciudadanía ha colocado estándares mucho más exigentes en la forma como se utilizan los recursos públicos.

5

La polémica que rodeó la designación de una joven profesional como agregada comercial en Nueva York dista de ser un capítulo meramente episódico; por el contrario, encierra un trasfondo más profundo que debe resultar aleccionador para nuestro servicio exterior y en general para toda la administración pública, que aún no parece asumir que la sociedad exige hoy nuevos estándares para el desempeño de cargos públicos.

Sin perjuicio de sus credenciales académicas, la escasa experiencia profesional de la funcionaria y la elevada remuneración asociada fueron factores que sin duda llamaron la atención y alimentaron los cuestionamientos que llevaron a su renuncia; pero el factor más determinante parece haber sido el que fue una designación directa del Presidente de la República, especulándose que en ello pudo haber incidido su antigua amistad con el padre de la funcionaria, algo que de ser efectivo resultaría más llamativo, considerando que el propio Mandatario presentó en julio pasado un proyecto de ley para regular el nepotismo.

Al margen de lo incomprensible que resulta la falta de acción del gobierno para haber desactivado esta polémica en forma temprana -permitiendo que se convirtiera en una disputa política, al punto que un sector de Chile Vamos también se sumó a los cuestionamientos-, el episodio abre una discusión acerca de la forma como en general se ha concebido el servicio exterior, que continúa siendo muy permeable a consideraciones de carácter político, sin suficiente respeto por la profesionalización de los cargos. Conforme antecedentes revelados por este medio, del total de agregados comerciales designados en 2018, apenas uno lo fue por concurso público el caso de Corea del Sur-, en circunstancias que a estas alturas ello debería ser un estándar para el caso de posiciones eminentemente técnicas, como en este caso.

Y si bien la remuneración a la que accedió la exfuncionaria probablemente resultaba exagerada a la luz de su breve trayectoria profesional, una revisión de las condiciones en que se ejercen las distintas agregadurías comerciales revela una fuerte dispersión de rentas -algunas incluso mayores a la que dio origen a esta polémica-, sin que resulte claro cuáles son los criterios para ello. El que la Cancillería resolviera hace unos días reducir el nivel de remuneraciones de la exagregada en Nueva York y de otros funcionarios que se encontraran en similar situación, no hace más que refrendar esta falta de definiciones. En el gobierno pasado también hubo casos de agregadurías que fueron objeto de fuertes cuestionamientos -como la de un exjugador de fútbol, o de un exdirigente sindical-, por tratarse de nominaciones que parecieron responder a criterios enteramente políticos.

La clase dirigente debe asumir que los estándares actuales se han vuelto mucho menos tolerantes con actuaciones que buscan satisfacer intereses partidarios o el pago de favores. Lo que antes era una práctica no cuestionada y en general alejada del escrutinio público, hoy es fácilmente detectable y sancionada por la ciudadanía, lo que exige un especial cuidado.