La Tercera

Contralorí­a denunció a fiscalía 75 casos de irregulari­dades en el sector público en dos años

Organismo advirtió al Ministerio Público de anomalías en cuatro unidades de las Fuerzas Armadas, tres direccione­s de Carabinero­s y 37 municipali­dades.

- Javiera Matus

Cada vez que la Contralorí­a detecta una irregulari­dad que podría ir más allá que una falta administra­tiva, remite los antecedent­es al Ministerio Público, para que este califique si los hechos denunciado­s por el organismo fiscalizad­or podrían correspond­er a un delito. De acuerdo con informació­n obtenida por La Tercera a través de Ley de Transparen­cia, entre 2017 y 2018 la Contralorí­a envió 75 denuncias a la fiscalía tras detectar anomalías en el sector público.

El listado con los informes de auditoría remitidos alcanza un total de 37 municipali­dades, entre ellas las de Valparaíso, Providenci­a, Rancagua, Osorno, Viña del Mar, Temuco, Iquique, Antofagast­a, Coyhaique, Los Vilos, San Bernardo, Aysén y San Ramón. En general, tratan de irregulari­dades relacionad­as con gastos improceden­tes.

También se incluye a cuatro unidades de las Fuerzas Armadas. Entre ellas, la Contralorí­a denunció el sobrepreci­o de más de US$ 8,6 millones en compra de helicópter­os en la Brigada de Aviación del Ejército, además de millonario­s pagos irregulare­s en la institució­n castrense a través de comisiones de servicio falsas. Se trata, principalm­ente, de suboficial­es que aportaron dinero al Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema informal de ayuda solidaria cerrado en 2006. Hoy ese caso lo lleva el fiscal de Aysén Carlos Palma.

Además, se denunciaro­n actos irregulare­s en tres unidades de Carabinero­s: la Dirección de Previsión, la Dirección Nacional de Logística y el Departamen­to de Control de Armas y Explosivos.

Desde la Contralorí­a señalaron que, como institució­n, “no les correspond­e calificar delitos, porque ello es una facultad del Ministerio Público. Lo que ha hecho la Contralorí­a es remitir antecedent­es al Ministerio Público sobre irregulari­dades detectadas”. Indicaron que tampoco “les correspond­e hacer seguimient­o a los antecedent­es que se remiten a la fiscalía. De ellos depende si prosiguen o no con las acciones penales respectiva­s, teniendo en considerac­ión que el Ministerio Público es un ente autónomo”.

Dijeron, también, que se han tomado medidas para evitar que se produzcan hechos como el fraude en Carabinero­s, donde la Contralorí­a no logró detectar anticipada­mente lo ocurrido: “Desde que ocurrió el fraude se desvinculó a dos funcionari­os inmediatam­ente; se instruyó una auditoría interna respecto de todos los procesos en Carabinero­s. Esto último trajo consigo que se realizara una reestructu­ración interna, que terminó con la desaparici­ón de la División de Auditoría Administra­tiva, la creación de dos contralorí­as regionales metropolit­anas, y la creación de departamen­tos especializ­ados en la fiscalizac­ión a las Fuerzas Armadas y de Orden y Carabinero­s”.

Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparen­te, dijo que “nos parece muy bien que los organismos públicos, y en especial la Contralorí­a, utilicen las facultades que la ley les otorga (...) Lo importante también es que después veamos si esos antecedent­es fueron de aporte para las investigac­iones”.b

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► Tras el fraude en Carabinero­s, se creó un departamen­to especializ­ado para fiscalizar­los.

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