CONSULTAS PÚBLICAS EN LA DISCUSIÓN LEGISLATIVA

Es urgente que en vez de crear instrumentos que pueden fácilmente llevar a caer en conductas populistas, los parlamentarios mejoren la conexión con sus representados.

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La labor parlamentaria ha sido objeto de duras críticas en el último período. En la pasada encuesta Cadem, la aprobación al Congreso alcanza al 18%, mientras que su desaprobación se ubica en el 72%, siendo solo superada por la Iglesia Católica. Proyectos mal elaborados, una estridencia comunicacional excesiva y prioridades alejadas de la ciudadanía, son algunos de los elementos que explican el aparente divorcio entre el Poder Legislativo y la opinión pública.

Es razonable, entonces, intentar cerrar la brecha entre la percepción ciudadana y el trabajo parlamentario. Una comisión bicameral acaba de presentar una propuesta que busca institucionalizar la participación ciudadana en el proceso legislativo, la que incluye cinco mecanismos para mejorar el aporte de la sociedad civil en la discusión legislativa, contemplando modificaciones a los reglamentos de la Cámara de Diputados y el Senado, las que se someterán a votación durante este mes en cada corporación.

Las medidas contempladas incluyen las audiencias públicas, el Congreso virtual, las consultas públicas, las jornadas temáticas y el foro ciudadano. Estos dos últimos mecanismos refieren a leyes vigentes o temáticas de interés ciudadano, mientras que las demás propuestas son aplicables a proyectos de ley en discusión.

Entre las propuestas contenidas en el documento, destaca la consulta pública, mecanismo que permitirá que una persona u organización solicite la realización de una consulta virtual respecto de alguna iniciativa en trámite, solicitud que será confirmada o rechazada por la instancia en que el proyecto en cuestión se encuentre. Pese a que no tendrá un carácter vinculante, abre un espacio de participación de múltiples consecuencias.

Nadie puede dudar que la discusión legislativa requiere de la mirada experta de representantes de la sociedad civil en proyectos de ley en los que, muchas veces, los legisladores desconocen aspectos esenciales sobre los cuales legislan. Es por esta razón que las audiencias públicas durante la discusión parlamentaria son necesarias y su mayor institucionalización, bienvenida.

Las consultas públicas virtuales, en cambio, pueden derivar en una suerte de plebiscito electrónico, donde prime la visión de movimientos bien organizados, pero minoritarios. Basta tan solo con mirar la distancia que muchas veces existe entre la opinión mayoritaria y sensata frente a algunos temas conflictivos y la estridencia con que estos se abordan en las redes sociales.

Al ser elegidos, los parlamentarios reciben un mandato de la ciudadanía. Deben representar fielmente la visión, los intereses y las sensibilidades de sus electores en el proceso legislativo. De lo contrario, corren el riesgo de ser reemplazados en la siguiente elección. La larga discusión que se abrió con motivo del cambio del sistema electoral –que pasó de uno binominal a uno proporcional-buscaba precisamente mejorar los niveles de representatividad en el Congreso. Es urgente, entonces, que en vez de crear instrumentos que pueden fácilmente llevar a caer en conductas populistas, los parlamentarios mejoren la conexión con sus representados.