Suprema anula condena en el caso cascadas
Este es el título con que el gran catedrático de la Universidad de Florencia, Pietro Calamandrei, denominó en 1935 a su obra sobre el actuar de los jueces y los abogados. En una columna del profesor Rafael Gómez Pinto se recuerda un episodio en que Calamandrei se refiere a un juez que se resiste a cumplir una orden injusta: “El magistrado era un abogado al igual que usted, de los que hay en la magistratura a centenares, de esos abogados que en tiempos de sucia materialidad en que vivimos han elegido la misericordia honrada para servir al ideal de justicia. No se olvide que en esos magistrados tenemos puesta toda nuestra fe”. En efecto, la sociedad cree y siente que los jueces poseen conocimientos profundos de derecho, criterio e inteligencia, necesarios para resolver un litigio con justicia.
En este contexto, el descubrimiento de episodios de supuesta prevaricación, pagos de dinero y tráfico de influencias, como los que afectan a ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua y abogados que litigan ante ella, revelan las características opuestas a las cualidades exigibles a quienes deben impartir justicia o defender derechos de sus clientes. La reacción de la Corte Suprema al designar a una de sus integrantes para investigar el caso sin limitaciones de jurisdicción ni jerarquía, es una señal en la línea de rechazar todo tipo de corrupción en los tribunales.
En el caso de Rancagua las variables de opinión pública han tendido a revisar: la situación masónica en el Poder Judicial y el sistema de nombramiento de los jueces.
Sin embargo, en el fondo, este es un tema de relación entre la sociedad y los jueces y de la confianza que éstos inspiran. No parece relevante la cantidad de magistrados masones en el Poder Judicial, sino la rectitud con que ejercen su función.
El sistema de nombramiento de los jueces es deficiente, pero presenta la misma situación: es verdad que se ha llegado al cuoteo, y en el caso de los jueces y ministros interviene el Ministerio de Justicia según sus preferencias políticas. El punto es si lo hacen bien o mal según las reglas de probidad y no sus creencias partidarias.
Lo cierto es que los ciudadanos exigen que sus libertades y derechos sean respetados porque a ellos también se les impone el cumplimiento de sus obligaciones. La sociedad requiere unos jueces probos y atentos a la decisión de sus conflictos, sean de familia, de sucesiones, de violencia o de cualquier otra índole. Por eso, frente a situaciones como las de Rancagua, tan particulares como delicadas, el cuerpo social reacciona con indignación y razonable temor ante la posibilidad de expansión del daño.
En todo caso, es nuestro deber pensar en esa multitud de jueces anónimos, abnegados y justos que día a día entregan a los ciudadanos sus veredictos con rectitud, honradez y verdad.