La Suprema se dividió en dos por la remoción de ministros de Rancagua
En un tenso pleno extraordinario se discutió la posibilidad de realizar una remoción “exprés” de los ministros indagados, lo que fue rechazado por un voto de diferencia.
Los ánimos al interior de la Corte Suprema no son los mejores. Así quedó de manifiesto durante el pleno extraordinario de ayer, que duró cerca de dos horas y que tenía por objetivo revisar la petición de remoción “exprés” en contra de los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua que son investigados por hechos de presunta corrupción, Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz. Esta iniciativa fue presentada por los integrantes de la Tercera Sala Constitucional del máximo tribunal.
Lo estrecho de la votación dejó en evidencia que existe entre los supremos dos posturas sobre cómo se debe abordar esta situación. De hecho, el nueve a ocho en contra de la remoción estuvo marcado por una “tensa discusión”, como asumen algunos miembros de la Suprema.
Aquellos que se mostraron a favor de la remoción, entre quienes se encuentran los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, María Eugenia Sandoval, Arturo Prado y Ángela Vivanco, de la Tercera Sala, además de Manuel Valderrama, Gloria Ana Chevesich y Ricardo Blanco, argumentaron que esta medida sería una señal fuerte y drástica tanto al exterior como al interior del Poder Judicial. Para esto, indicaron que correspondía invocar el Artículo 80 de la Constitución, que permite una salida expedita cuando detectan jueces “que no han tenido un buen comportamiento”.
La postura de los miembros de la Tercera Sala, liderados por Muñoz, fue la apertura inmediata del cuaderno de remoción. En tanto, los tres ministros que apoyaron a los “constitucionalistas” aprobaron la petición, aunque la postura fue iniciar este procedimiento una vez que culmine la investigación sumaria de la ministra Rosa María Maggi.
En la vereda contraria se encontraban el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, además de los jueces Lamberto Cisternas, Carlos Künsemüller, Guillermo Silva, Rosa Egnem, Juan Fuentes, Andrea Muñoz, Mauricio Silva y Hugo Dolmestch. Uno de los argumentos de esta línea, en que Dolmestch tomó el protagonismo, fue que el máximo tribunal debía dar el ejemplo en respetar el debido proceso.
En este sentido, aseguraron que esta remoción impulsaría el reclamo de los acusados en la Corte Interamericana de Justicia, al no permitirse que culmine la investigación sumaria. Además, indicaron que la aprobación no significaba la salida inmediata de Elgueta, Vásquez y Albornoz, dado que de concretarse la solicitud, se debía pedir un informe a los acusados y a la Corte de Apelaciones de Rancagua, lo que extendería el asunto por 20 o 30 días más.
Tras la instancia, el vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, intentó desdramatizar la diferencia, al asegurar que en los ministros existe “coincidencia absoluta de que los hechos son muy graves y merecen celeridad y ser sancionados de manera muy firme”.
En lo que sí hubo acuerdo fue en solicitar “celeridad” a la investigación administrativa que lleva a cabo Maggi, quien no estuvo presente en el pleno al encontrarse en Rancagua realizando diligencias. Para formalizar la solicitud, se espera que Brito se reúna con Maggi para solicitarle que avance lo más rápido posible en las indagatorias, con resultados en un plazo máximo de dos semanas.
En tanto, sobre la causa que lleva el Ministerio Público, ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott, abordó la “sugerencia” del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de sacar la investigación de Rancagua.
Abbott dijo que “tomaremos alguna decisión en algún minuto”. Añadió que “está claro que no ha sido el fiscal (Emiliano) Arias el que ha llevado adelante la investigación, sino que más bien Sergio Moya. Es muy difícil poder pensar que Moya pueda salir de la investigación, pues él ha recabado antecedentes durante años”.