Perú sacudido por la muerte de Alan García
Las instituciones del país deben dar certeza de que serán capaces de llegar hasta el final para perseguir las responsabilidades en el caso Odebrecht.
La inesperada muerte del expresidente peruano Alan García ha conmocionado profundamente a Perú, desde luego no solo por la forma trágica en que decidió poner fin a su vida, sino porque García fue también una figura clave de la política peruana y latinoamericana en los últimos 40 años. Personaje de gran astucia, pocos como él encarnan mejor las luces y sombras de la historia reciente del país vecino.
Amado y también odiado, su primer mandato (19851990) devino en una catástrofe económica, producto de la aplicación de un modelo populista, cuyas consecuencias marcarían profundamente al país. Con los años logró nuevamente llegar al poder (2006-2011), esta vez de la mano de una política económica favorable al mercado y los equilibrios macroeconómicos, aunque poco amistosa con Chile, pues fue García quien llevó el diferendo marítimo ante La Haya. Su segunda presidencia contribuyó a afianzar la noción de que las buenas políticas económicas constituyen el marco más favorable para el progreso de los países; sin embargo, las acusaciones
de corrupción que lo persiguieron hasta su fin han terminado por opacar su figura. Su muerte abre ahora escenarios muy complejos en un país que ha sido dramáticamente sacudido por el escándalo de sobornos ligados a la constructora brasileña Odebrecht, caso en que García también aparecía involucrado y por el cual se había solicitado su prisión preventiva.
Hasta el momento, Odebrecht ha arrastrado al expresidente Alejandro Toledo -prófugo de la justicia, y a quien se acusa de haber recibido pagos por US$ 36 millones-, y también al expresidente Pedro Pablo Kuczynski -quien renunció al cargo para evitar un proceso de destitución por parte del Congreso, bajo acusaciones de que recibió fondos de la constructora-, ahora en prisión preventiva. Ollanta Humala también fue procesado en dicho caso, y si bien el expresidente Alberto Fujimori pugna pena de cárcel por otros graves delitos, su hija Keiko, una de las figuras más carismáticas de la política peruana, también se encuentra detenida y procesada por Odebrecht. Es un escenario ciertamente desolador, que ha hundido a Perú en el ranking de Transparencia Internacional sobre percepción de corrupción, ubicándose en el lugar 105 de entre 180 países.
La muerte de García abre legítimas interrogantes sobre los insospechados alcances que podría llegar a tener el caso Odebrecht en Perú, y si la institucionalidad peruana será capaz de llegar hasta las últimas consecuencias. La investigación de la justicia peruana ha llegado hasta un punto probablemente insospechado, lo que sugiere que las instituciones esta vez parecen estar funcionando, y el hecho de que el gobierno del Presidente Martín Vizcarra todavía goce de un aceptable nivel de aprobación, en el actual contexto de fragilidad, es una señal alentadora.
El caso de Perú es ilustrativo sobre la importancia de la probidad y solvencia de las instituciones para que la democracia perdure sobre bases sólidas. La ritualidad de las elecciones y la posibilidad de alternar gobiernos es una parte fundamental, pero insuficiente si es que la corrupción y la falta de apego al estado de derecho no son oportunamente sancionadas.