PENSIONES PARA JÓVENES Y VIOLENCIA
SEÑOR DIRECTOR
La agenda anunciada por el Presidente el 22 de octubre destina a pensiones “no contributivas” el 40% del costo total. Para ello, desglosó la reforma presentada en noviembre de 2018, los subsidios más jugosos en términos electorales, y además los mejoró un buen poco, gastando cartuchos que es de presumir había guardado.
Es deseable que un gobierno use los cartuchos a mano cuando surgen problemas mayores. Hoy, ellos son las protestas correlacionadas repetidamente con violencia y ataques terroristas a Metro. La tolerancia a la violencia callejera de ciertos partidos de izquierda revela falta de apego al diálogo pacífico y a la democracia. Y el terrorismo contra el Metro revela la incapacidad del “ecosistema de seguridad interna”, el conjunto de fiscales, carabineros, PDI, jueces e inteligencia. Sin paz, no hay políticas públicas, tampoco de pensiones.
Una vez usados estos cartuchos, ¿debería insistir en el Congreso con el aumento en cuatro puntos porcentuales de la cotización del empleador, cuyo fin es elevar las pensiones contributivas para los actuales jóvenes? Ya en agosto esa medida fue empujada al borde del fracaso por un proyecto incompatible: la rebaja de la jornada ordinaria a 40 horas. Aplicar ambos a la vez iba a subir el costo del empleador hasta estancar el empleo formal en el estrato de $400 mil/mes y aumentar las interrupciones a la cotización en ese estrato, en una magnitud tal que habría neutralizado el aumento en pensión para los jóvenes obtenido de esos cuatro puntos de cotización del empleador. Hoy se suma un segundo empujón hacia el fracaso: el frenazo permanente a la inversión creado por la protesta, que facilita la violencia y por un “ecosistema de seguridad interna” incapaz. Esa menor inversión estancará o reducirá el empleo formal para ese estrato.
Se observa un intento de rescatar la cotización del empleador, por medio del subsidio al empleo formal asociado al “ingreso mínimo garantizado” de $350 mil al mes. Me parece insuficiente para concretar el rescate del empleo formal. El rescate podría funcionar si se dotara de fondos a la fiscalización de la obligación de cotizar en ese estrato.
Salvador Valdés Economía UC y Clapes UC