Protesta social y desigualdad
Por qué Chile, con el nivel de ingreso per cápita más alto de la región, enfrenta una protesta social de enorme magnitud? Posiblemente nadie tiene la respuesta completa a esta pregunta. Hay una diversidad de causas, así como de los grupos que han sido protagonistas. No obstante, hay relativo acuerdo que la desigualdad ha sido un determinante principal de los recientes eventos.
La desigualdad tiene muchas expresiones en el país. Los bajos niveles de remuneraciones, los exiguos montos de las jubilaciones, el acceso incierto a atención de salud, el agobio del trabajo y tiempos de traslado, el peso de las deudas, la inseguridad diaria en villas y poblaciones, entre otros, son parte de la vida diaria de alrededor del 60% de la población.
Un 10% vive en un país distinto, con niveles de ingreso que les permite tener salud, educación, seguridad, transporte, residencia y bienes en un estándar que es propio de una sociedad de alto desarrollo. Entre ambos grupos se encuentra la clase media, cuyo nivel de recursos les financia una vida digna, pero no exenta de presiones y sobresaltos.
La desigualdad no se agota en los recursos económicos. Las diferencias de ingresos se traducen en asimetrías de poder e influencia. Hay también desigualdad de trato, entre grupos sociales y ante la ley. Tanto o más importante es la vulneración de la dignidad ante situaciones de abuso y menoscabo (Desiguales, 2017).
Aquellos que toman decisiones de política pública en el Estado saben cuales son los problemas más importantes de la población vulnerable. Sin embargo, las soluciones no han llegado o lo han hecho de forma muy parcial. Esta falta de urgencia es en cierto sentido reflejo de la misma desigualdad, puesto que la mayoría de los tomadores de decisiones vive en el Chile desarrollado y los problemas de los otros les son lejanos. A ello se suma la creciente desvinculación del sistema político de las necesidades de las mayorías, que ha hecho perder representatividad a la democracia.
También ha habido oposición de quienes ven en las medidas redistributivas -o en los aumentos de impuestos que se requieren para financiarlasun riesgo para el crecimiento económico. Esto no tiene porque ser así, como lo demuestra la experiencia de los países desarrollados que han podido conciliar crecimiento con mayor equidad social.
Más aún, la actual situación muestra que el crecimiento termina siendo frágil si no hay un sentido de justicia compartido en el país. A fin de cuentas, la organización de un sistema económico no es un hecho natural, sino que surge de un acuerdo social tácito, donde se aceptan o se soportan determinadas reglas de juego. Este acuerdo se puede romper cuando las mayorías se sienten marginadas y abusadas. Chile puede acordar un combate contra la desigualdad, con medidas de corto, mediano y largo plazo. Ello incluye redistribución de ingresos, provisión de servicios sociales de calidad, una mejor distribución de oportunidades y cambios en aquellas bases del sistema económico que generan o fomentan la desigualdad. Sobre todo, se necesita asegurar igualdad de trato y dignidad, así como de poder e influencia.
Estas iniciativas requieren soporte social y político, disponibilidad de financiamiento, un buen diseño y mejor capacidad de implementación. Por ahora, la tarea más urgente es recuperar por medios democráticos la gobernabilidad, la convivencia social y la seguridad ciudadana. La prolongación de la situación actual abre escenarios muy complejos. Salir de esto y no hundirnos es responsabilidad compartida de todos.