Suspensión de APEC y COP25
La decisión anunciada por el Mandatario, aun cuando afecta la imagen del país, resulta responsable, pues ahora las prioridades son otras.
La decisión que ha adoptado el gobierno de suspender las dos cumbres internacionales que el país se había comprometido a organizar APEC y COP25- es acertada a la luz de las circunstancias por las que atraviesa, y mientras más se hubiese dilatado dicha decisión, la eventualidad de tener que haberlas desactivado en la antesala probablemente habría implicado costos aún mayores.
No cabe duda de que la imagen internacional de Chile se ha visto fuertemente resentida por estos días, y la cancelación de estas cumbres ciertamente profundizará esta percepción. Debe ser motivo de preocupación para el país que se esté empezando a asentar la idea de que Chile está atravesado por un severo cuadro de descontento social y que la institucionalidad no es capaz de controlar el orden público. Hay un deber de todos quienes tienen responsabilidades en la conducción del país -por cierto también de la propia ciudadanía- para buscar restablecer cuanto antes la serenidad, el orden público y comenzar a focalizarse en el camino de las soluciones a la crisis, pues de lo contrario el costo económico y en la valoración de la estabilidad que puede ofrecer el país podría ser incalculable.
No puede ser aceptable que transcurridas casi dos semanas desde que se desató el clima de efervescencia aún continúen los saqueos, ataques incendiarios a infraestructura pública y privada así como el vandalismo, no solo en la capital sino también en regiones. La institucionalidad en su conjunto -gobierno, Fiscalía, policías, Congreso- debe abocarse a resguardar la seguridad de la ciudadanía, y transmitir la confianza de que no se encuentra sobrepasada. En el momento actual tampoco debe haber espacio para ambigüedades en la condena al vandalismo y en el apoyo a las autoridades en la tarea de mantener el orden público.
Siendo plausible que el resguardo de dichas cumbres podría descuidar la seguridad de vastos sectores de la población, también deben considerarse los aspectos logísticos, que en el caso de la COP implicaba el traslado expedito en la ciudad de Santiago de más de veinte mil personas durante dos semanas, algo impracticable atendido el precario estado en que se encuentra la red de Metro, producto del vandalismo. El alto costo que implicaría para el Estado proveer seguridad y logística a las delegaciones de ambas cumbres tampoco parece acorde al clima de austeridad que ahora cruza al país.
Pero la razón más de fondo para haber optado por no seguir adelante con estas cumbres probablemente tiene que ver con la responsabilidad frente al país, que ahora exige total dedicación para buscar caminos de solución que permitan desactivar la crisis. La reunión a la que hoy han sido convocados todos los partidos políticos a La Moneda -donde cabe esperar que exista la suficiente responsabilidad cívica para no restarse de este encuentro- debe servir como instancia para ir forjando los necesarios acuerdos en torno a la agenda social que la ciudadanía anhela. La voluntad que ha mostrado el Mandatario para explorar “reformas estructurales” -cuyo alcance no precisó- es otra señal de los enormes desafíos que vienen por delante y a los que el Congreso deberá abocarse por completo.