“Los niños siguen sin aparecer, invisibilizados”
La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile fue creada por abogados y estudiantes de Derecho para prestar asesoría jurídica en los días de crisis. La UC colabora también con un Cordón Jurídico. Tres abogados jóvenes cuentan aquí su experiencia en te
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Boris Bustos (25) está en una camilla en el pasillo de la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, en Providencia. Uno de sus ojos permanece cerrado y en su nariz, una cicatriz pequeña y redonda es el rastro más visible de la historia que relata. Es el miércoles 30 de octubre y el joven, un cantante lírico que llegó hace un tiempo a Santiago desde Concepción a perfeccionarse, espera un diagnóstico. El día anterior caminaba, asegura, en las cercanías de la Biblioteca Nacional, cerca de las 18 horas, cuando un perdigón presuntamente disparado por carabineros le golpeó la nariz y rebotó en su ojo izquierdo. Aún desconoce el nivel de daño en su pupila y eso lo mantiene alerta, angustiado.
-Yo ni siquiera estaba en la marcha, solo caminaba-, dice Boris.
Paz Becerra (31), abogada que representó a Nabila Riffo en su demanda contra Canal 13, ha recogido decenas de historias similares a la del estudiante. Está desde el 22 de octubre de punto fijo en la UTO. Cuenta que esa jornada supo de un informe del Colegio Médico que mencionaba que 23 personas tenían lesiones oculares serias por la acción policial. Hasta el miércoles, la cifra de afectados rondaba las 140.
-Quise verificar si había una acción sistemática y generalizada en estos hechos y ofrecer ayuda jurídica gratuita a las víctimas para presentar acciones cautelares, además de apoyar la investigación, que es de más largo plazo, por eso he presentado amparos y recursos de protección-, detalla.
Mientras Becerra recorre el centro clínico tomando nota, a ratos dando contención, Brandón González (19), de la mano de su madre, cuenta que tiene un perdigón alojado desde el día lunes en una de sus pupilas. No sabe si volverá a ver.
-Carabineros me apuntó a la cara, me disparó cuando caí, me arrastraron del pelo a su vehículo y alcancé a gritar mi nombre -dice sobre un incidente del lunes cerca de la calle San Francisco, en el centro de Santiago.
Sobre este tipo de denuncias, Becerra precisa que “estamos esperando que la corte ordene que no pueden disparar a partes sensibles del cuerpo y que se ordene a las autoridades a informar qué está pasando”. También, a futuro, se analizan querellas.
A inicios de semana, un instructivo de Carabineros había reiterado los resguardos de los protocolos de contención: “El tiro debe ser dirigido siempre a la zona baja del cuerpo”, ordenó el mando de la institución. Sin embargo, continuaron llegando heridos al centro especializado. Y Becerra estaba ahí, haciendo su registro.
Ella trabaja coordinadamente con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y el Cordón Jurídico UC. Ambas instancias -creadas especialmente para enfrentar la crisis- cuentan con abogados titulados de las respectivas casas de estudios y alumnos voluntarios que recorren recintos médicos y comisarías documentando presuntas vulneraciones a los derechos humanos. La información es sistematizada por la Defensoría, que entrega reportes diarios. El del miércoles da cuenta de 753 denuncias recibidas. En regiones, han operado también las clínicas jurídicas establecidas de los centros de educación superior, como la de la Universidad de Valparaíso. En el país hay abogados que están hoy, también, en las calles.
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Francisca Muñoz (20), Geraldine León (19) y Jazmín Carvajal (21) están de punto fijo en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública. Es la noche del martes 29 de octubre y llevan horas instaladas ahí, con una credencial que las identifica y provistas de fichas para anotar datos. El día anterior estaban en el mismo sitio. También estuvieron en el lugar la semana del estado de emergencia. Son parte del piquete permanente de la Defensoría de la U. de Chile: cerca de 500 personas entre abogados, profesores y, en su mayoría, estudiantes voluntarios que realizan registros y entregan antecedentes al Ministerio Público para iniciar investigaciones. En el día a día, particulares o alumnos de otras escuelas entregan apoyo logístico de alimentación o traslado.
Tomás Ramírez (35) es uno de los abogados que los coordina. “El sábado 20 de octubre nos juntamos un grupo de profesores con el centro de estudiantes de Derecho para organizarnos con los alumnos y salir a entregar
TOMÁS RAMÍREZ (U. CHILE) “Nos juntamos profesores con el centro de estudiantes de Derecho para salir a entregar asesoría legal. Esto es, en esencia, algo de ellos”.
ANDREA GATTINI (UC) “Hay mucha gente joven que entendió desde el primer día la gravedad de lo que estaba ocurriendo y puso a disposición su trabajo”.
asesoría legal. Esto es en esencia algo de ellos”, plantea.
Ramírez recalca que los jóvenes “han estado en terreno, en momentos difíciles, en una situación de colapso del sistema de salud. Ellos nos entregan información que vamos sistematizando, y cuando hay casos graves, acudimos los abogados, para hacer ingreso”.
Uno de esos días complejos fue el lunes 21, cuando se cerró el acceso a la ex Posta y debió ser convocado un juez de garantía que ordenó abrir las puertas y permitir el ingreso de observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Esa jornada había ingresado Álex Núñez Sandoval (39), una de las víctimas que falleció durante el estado de emergencia. Su muerte, investigada por la Fiscalía Occidente, ha sido atribuida por su familia a una golpiza de Carabineros.
-Estar en terreno te permite recoger información de las familias afectadas y ayuda a canalizar los datos, comenta Ramírez.
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Andrea Gattini (29) trabaja en la oficina de Nelson Caucoto, histórico abogado de la Vicaría de la Solidaridad, y fue una de las primeras en sumarse al Cordón UC, creado por futuras abogadas para colaborar legalmente en la crisis.
“Las alumnas se preocuparon por la gravedad de las vulneraciones a garantías fundamentales y se crearon distintos frentes: difusión, entrega de flayers con resúmenes de derechos y trabajo en comisaría, que fue donde encontraron más dificultades”, narra.
Gattini, ya titulada y ejerciendo, afirma que frente a los problemas prácticos se convocó a abogados que pudieran tener acceso, por ejemplo, a los calabozos para constatar la situación de los detenidos: “Llegaron muchos exestudiantes de la UC, pero también de otras escuelas, y nos coordinamos con la Universidad de Chile”.
Hoy, estima, son más de 80 abogados más los alumnos que se despliegan coordinadamente en comisarías. “Lo más positivo es que estamos trabajando de forma muy unida, hay mucha gente joven que entendió desde el primer día la gravedad de lo que estaba ocurriendo y puso a disposición su trabajo para defender los derechos humanos”. ●