PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS . NUEVAS ELECCIONES GENERALES EN REINO UNIDO

Es valioso que organismos del Estado y la sociedad civil estén investigando activamente las denuncias conocidas en estos días.

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Tras haberse cumplido dos semanas desde que el país atraviesa por un clima de convulsión social, se han vivido emociones y sentimientos profundamente contrastantes, pues mientras cientos de miles de ciudadanos se movilizan pacíficamente en favor de terminar con las desigualdades, a la par también afloró la violencia extrema en sectores radicalizados, causando estragos, angustia y por momentos desbordando el orden público. Son estos últimos hechos los que obligaron a dictar el estado de emergencia constitucional y el toque de queda, con despliegue de militares en las calles.

La actuación de los militares así como de las fuerzas de Carabineros en el control del orden público, si bien resultó indispensable atendido el nivel de violencia irracional que se observó durante varios días, también ha generado efectos controvertidos, particularmente en el plano de los derechos humanos, donde se han sumado cientos de denuncias de tratos vejatorios, violencia excesiva, torturas, acusaciones de violaciones e injustificado uso de armamento, el cual ha dejado más de 300 heridos por perdigones o balas. Además, un total de 20 personas figuran fallecidas, sea por acción de civiles, de fuerzas de orden, o bien en los múltiples incendios registrados.

Ninguna sociedad democrática y respetuosa del estado de derecho puede consentir que los derechos humanos sean atropellados, ni aun a pretexto de situaciones tan complejas como las que se han vivido en días recientes. Es alentador que exista una mucha mayor conciencia sobre este crucial asunto -es admirable en ese sentido la activa forma como se han desplegado múltiples organizaciones de la sociedad civil-, y las propias reacciones institucionales así parecen confirmarlo. Acertadamente, tanto Carabineros como el Ejército han manifestado su rechazo a aquellas situaciones de fuerza que se han alejado de la ley, comprometiendo investigaciones y sanciones, si es el caso. El propio gobierno ha invitado a observadores de la ONU para que verifiquen en terreno las denuncias, facilitando de esta manera investigaciones independientes.

El Estado debe tomar el compromiso de analizar cada una de las denuncias y perseguir judicialmente a sus responsables. Aun cuando no se trata de hechos generalizados, el abundante número de denuncias graves sugiere que siguen existiendo vacíos en la forma como las instituciones encargadas del orden deben aplicar la fuerza, lo que constituye un llamado de atención, humildad y aprendizaje, algo indispensable para enfrentar futuros casos que requieran de su intervención.

Es valioso que el Ministerio Público, entidades nacionales e internacionales de DD.HH. y otros organismos afines se encuentren desarrollando su labor de fiscalización activamente y cuenten con todas las facilidades del caso por parte del gobierno. Ello augura que no podrá haber espacios de impunidad. En este orden de cosas, tampoco debe olvidarse que las revueltas han dejado a cientos de policías -así como militares- heridos o maltratados, quienes también tienen derecho a recibir justicia y un trato digno, pues cuando se trata de garantías fundamentales, no caben los distingos.