Prioridades confundidas aumentan el riesgo político
Para enfrentar la crisis de gobernabilidad se debió, ante todo, adoptar un pacto de defensa del orden democrático. Resulta incomprensible que dicha defensa no haya unido de inmediato a todos los grupos representados en el Parlamento. Habría acotado la crisis, fortalecido la reacción del Estado frente a la violencia y otorgado un rol relevante a los partidos.
Dicho pacto debió rechazar tajantemente la violencia y el terrorismo; garantizar los DD.HH. de la población, particularmente de quienes protestan pacíficamente, y aprobar un plan inmediato para fortalecer la seguridad interior, la inteligencia policial y el funcionamiento de los servicios básicos.
No ocurrió. El gobierno, una vez más, actuó sin un claro liderazgo. Y los partidos —tanto oficialistas como de oposición— optaron por su interés propio antes que por el interés común. Faltó pues voluntad para enfrentar el peligro inminente de una desestabilización gubernamental y el sobrepasamiento del orden democrático.
En medio de la confusión, los desajustes y malestares sociales fueron atribuidos casi exclusivamente a causas estructurales de desigualdad, silenciándose los motivos políticos del debilitamiento de la gobernabilidad democrática. Estos últimos son múltiples y variados: escasa efectividad de la acción gubernamental y parlamentaria; conflictos cruzados entre poderes y organismos del Estado; desplome de la confianza en los partidos e instituciones públicas; deterioro del ambiente cívico por creciente crispación; sensación de que asuntos vitales —salud, seguridad, pensiones, educación de calidad, empleo, costo de la vida, etc.— se postergan o gestionan mal.
Fracasada la gestación de un vigoroso pacto democrático, la dirigencia política improvisó un pacto social: cómo resolver los asuntos estructurales más apremiantes y hacerse cargo a la vez de las necesidades inmediatas. Sin embargo, nada se dijo sobre las restricciones que enfrentaba un plan tan ambicioso de reparación social y bienestar colectivo. Primero, limitados recursos del Estado, incluso con tributos adicionales. Enseguida, escasa capacidad estatal para diseñar, procesar, aprobar y, sobre todo, implementar un paquete de políticas sociales.
Sin un acuerdo de gobernabilidad democrática y vistas las dificultades de un pacto social, las energías de la dirigencia se movilizan ahora hacia un tercer frente: nueva Constitución con cambio de régimen político y de modelo económico-social. Esto, mientras se prolonga la crisis de gobernabilidad, aún no se controla la violencia en las calles, no hay explicación ni acción eficaz respecto de los grupos que destruyeron el Metro y ni siquiera se ha podido definir las prioridades de un plan social realista.
Muestra que la dirección y gestión política del país están en manos de una clase que transversalmente se halla superada por los desafíos que debe enfrentar. En vez de resolver los problemas urgentes que están a la mano, crea otro más: cambiar las bases constitucionales, el régimen político y el modelo de desarrollo. La consigna parece ser ésta: para alivianar la situación, volvámosla más pesada. Es una receta para hundirnos definitivamente.
Sin duda, más adelante deberá discutirse si cambiar el régimen político (mi preferencia es por uno semipresidencial) o no. Pero hacerlo ahora, en medio de una crisis de gobernabilidad, sin siquiera haber asegurado el orden cotidiano de la sociedad, resulta un despropósito.
Hacerlo ahora, en medio de una crisis de gobernabilidad, resulta un despropósito.