LA AGENDA SOCIAL ANTE LA CRISIS
Desde que se gatilló la revuelta social, para avanzar en la solución de los problemas que concentran la preocupación de la ciudadanía, el gobierno ha propuesto medidas concretas en una amplia gama de materias. En esta agenda social destacan el mejoramiento de las pensiones para los beneficiarios del pilar solidario; la reducción en las tarifas de transporte público para los adultos mayores; un mayor gasto en salud y acceso a medicamentos a menor precio; la creación de un ingreso mínimo garantizado de $350 mil para todos los trabajadores con contrato a jornada completa; la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas; mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos; y el fortalecimiento del fondo común municipal, con nuevos criterios para distribuir recursos desde comunas más ricas a comunas más pobres.
En ambientes crispados, donde la sensación que prevalece es la de insatisfacción, cualquier esfuerzo va a ser siempre considerado insuficiente, y ésta no está siendo la excepción. La pregunta que cabe hacerse es ¿cuál es el límite, o acaso en momentos como los actuales no hay límite? La respuesta es que sí hay un límite, y éste debe ser el marco de referencia básico de la discusión.
Sin perjuicio de que la disciplina fiscal que ha seguido Chile en las últimas décadas le permite llegar a esta situación con sus cuentas ordenadas -la deuda pública como proporción del PIB es todavía inferior al 30%, y los fondos de reserva superan los US$ 26 mil millones-, hay ciertos patrones básicos de comportamiento a seguir. El sentido común nos dice que ante eventos extraordinarios es razonable recurrir a mayor endeudamiento y a uso de reservas -como lo haría cualquier jefe de familia ante un evento inesperado que afecte a alguien de su núcleo-, pero ese mismo sentido común nos dice que cuando se trata de financiar gastos permanentes, lo que hay que buscar son fuentes de ingresos que también sean permanentes. En el diseño de la agenda social, el gobierno se ha venido moviendo dentro de estos parámetros, recurriendo a todas las fuentes de financiamiento disponibles -actuando por tanto con bastante pragmatismo-, pero ya no parece quedar mucho espacio para seguir estirando el elástico en el uso de los recursos públicos, sin cruzar a un terreno altamente riesgoso por el descuadre que puede acarrear, y cuyos efectos a futuro pueden ser altamente desestabilizadores. Para tener una idea del riesgo que esto significa no es necesario recurrir a ninguna teoría muy sofisticada; solo basta con mirar lo que ha ocurrido en países que cedieron a la tentación de romper el dique de la responsabilidad fiscal. Lo que sí sería útil para encauzar el debate en curso es una información más explícita por parte del gobierno acerca de los límites con que se va a desarrollar la política fiscal, de manera que el debate deje de ser uno “sin orilla”, en el cual el cerco parece ir corriéndose día tras día, lo que a su vez alimenta un proceso continuo de nuevas demandas.
Y el otro aspecto que no se puede soslayar en la discusión es el impacto que los cambios pueden tener sobre el crecimiento económico, ya que esta es la fuente primaria que permite generar recursos para alimentar el progreso de una sociedad: inversión, empleos, mejores remuneraciones y mayores recursos para financiar programas sociales. Es urgente poner nuevamente en marcha la economía y volver a crecer, ya que de esto va depender la viabilidad de largo plazo de cualquier agenda social. Si esto no ocurre, los problemas que se busca resolver con medidas de corto plazo corren el riesgo de verse acentuados en un plazo no muy lejano.
En el diseño de la agenda social, el gobierno ha ido actuando con bastante pragmatismo.