Paz y justicia: una agenda social de largo plazo
Chile necesita paz. Fue la conclusión de numerosos actores políticos luego de celebrar el acuerdo alcanzado para el cambio constitucional. Sin duda, la paz es un factor clave para alcanzar un nuevo pacto social. Sin embargo, no es el único. Paz y justicia son un par ordenado en estos difíciles momentos que vive el país. La paz que demandan muchos, debe significar paz para todos. La paz también debe ser duradera y, para ello, debe venir acompañada de justicia social. Por ello, urge conducir una agenda social de largo plazo, que cambie de forma definitiva la trayectoria de bienestar y oportunidades que nuestro país puede ofrecer a sus ciudadanos. Las circunstancias de origen siguen condicionando las oportunidades a lo largo de la vida; eso no es justo y tampoco es eficiente.
Chile requiere una estrategia de desarrollo económico donde el crecimiento económico sea inclusivo. Nuestro país exhibe elevados indicadores de desigualdad en distintas métricas. Las ciencias sociales han documentado desde hace varios años las múltiples variantes de dicha desigualdad. Aspectos como la desigualdad de ingresos, de oportunidades en el mercado del trabajo, desigualdades de género, de oportunidades a temprana edad, desigualdad en el acceso a una educación y salud de calidad, desigualdad de trato, territorial, etc.
La agenda social que actualmente impulsa el gobierno son medidas de corto plazo. Medidas como la rebaja del transporte público o el incremento en la pensión básica solidaria para adultos mayores son un alivio, pero no cambian la trayectoria del país en materia de justicia social. La reciente reforma tributaria recaudaría en torno a 0,4% PIB. Lo que el país requiere hoy día es una agenda de cambio estructural, donde se superen los eufemismos y abordemos con claridad y dignidad las brechas sociales.
No podemos correr el riesgo de dormirnos. La lista de cambios requeridos incluyen un cambio estructural en nuestro sistema previsional, de salud, primera infancia, y donde sea el trabajo el eje orientador de una nueva política de protección social.
Una agenda responsable debiera mirar más a largo plazo, fijar metas y un esquema de gradualidad que nos dirija hacia ese objetivo. Para ello, es importante contar con evidencia, datos y análisis que nos permitan mejorar instrumentos existentes o crear nuevos.
El gobierno de Chile cuenta con valiosos datos administrativos que pueden ser usados eficazmente en dicha tarea. Sin embargo, se requiere un liderazgo de parte del Ministerio de Desarrollo Social hasta ahora inexistente. Las organizaciones de la sociedad civil podrán hacer un aporte relevante, dada la riqueza de su quehacer cotidiano. También contamos con valiosa información y reflexión desde diversas comisiones presidenciales: trabajo y equidad, infancia, educación y pensiones. Los problemas sociales se arrastran hace muchos años, es tiempo de resolverlos.
Una agenda de esta magnitud requiere ser costeada y priorizada. Necesitamos saber cuántos recursos serán necesarios para lograr cambios sostenibles de largo plazo. Y luego debemos discutir respecto a las fuentes de financiamiento que sostengan estas políticas. Tenemos que asegurar además los mecanismos de transparencia y eficacia que den cuenta de un uso efectivo de los recursos involucrados.
Esta discusión es técnica y también política. Esta discusión, distinta a la agenda social actual, requiere urgencia y liderazgo. Una estrategia de estas características debe ser iniciada hoy para ser implementada durante el próximo gobierno. El problema a resolver es complejo de abordar, es costoso y debe ser acometido con serenidad, convicción y reflexión. Ojalá tomemos este desafío con seriedad, ojalá contemos con un liderazgo en esta materia, hasta ahora ausente.
Constituye un alivio, pero no cambian la trayectoria del país en materia de justicia social.