Fiscalía alista primer juicio en el caso Iglesia y pide 41 años de cárcel para Óscar Muñoz
Cuatro hechos le imputan al excanciller del Arzobispado de Santiago, que incluyen abuso sexual a menores y violación. Actualmente, vive en la casa de su madre. Ahí se enteró de que el Papa Francisco lo expulsó del estado clerical.
Cuando el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, logró -en enero de 2019- que se le modificara la medida cautelar de prisión preventiva, abandonó la cárcel (a la que llegó en julio de 2018) y se fue a vivir a la casa de su madre. Ahí está con arresto domiciliario nocturno y se prepara para enfrentar, a partir del próximo 9 de diciembre, el juicio en su contra por presunto abuso sexual reiterado y violación, que se realizará en el Séptimo Tribunal Oral de Santiago. La fiscalía pide por estos delitos una pena de 41 años de cárcel efectiva.
Será el primer proceso de este tipo desde que en mayo de 2018 comenzaron a investigarse los presuntos abusos sexuales de sacerdotes de la Iglesia Católica en el país.
Sus cercanos aseguran que ahí, en la casa de su familia, en la comuna de Macul, ha estado preparando su defensa junto a su abogado. Se estima que el juicio podría extenderse por un mes. Será el fiscal Centro Norte, Francisco Jacir, quien estará durante ese tiempo liderando el proceso en contra del exsacerdote. Declararán 47 testigos, entre ellos, presuntas víctimas y religiosos.
Mientras espera la primera audiencia del juicio, el lunes recibió en esa misma residencia la notificación del Vaticano, firmada por el Papa Francisco, en la cual se le comunicaba que se le impuso la dimisión del estado clerical “ex officio et pro bono Ecclesiae”, por los delitos de abuso sexual de menores.
La noticia, aseguran quienes han estado en contacto con él durante estos días, no fue sorpresiva. Era algo que esperaba. Pero eso no quitó que la notificación lo afectara. Para alguien que ha entregado sus últimos 30 años de vida al sacerdocio, recibir la máxima sanción que se le puede imponer a un presbítero es algo “muy duro”, comentan desde su entorno.
Pero eso no fue todo. En la notificación, el Papa Francisco le pide al Arzobispado de Santiago que le ofrezcan ayuda a Muñoz para “su reinserción”. Para el exsacerdote, aseguran los mismos cercanos, se trata de palabras protocolares. Una de las cosas que más resiente sería que la Iglesia lo haya dejado completamente solo en este proceso. Desde que su caso explotó no ha recibido ninguna llamada de alguna autoridad de la Iglesia.
Se comenta que Muñoz no esperaba algo distinto, pero que habría valorado algún gesto o señal de comprensión. Sus últimas palabras con el exarzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, fueron en diciembre de 2017. De ahí en adelante solo intercambiaron mensajes protocolares.
Imputaciones
La fiscalía acusa a Muñoz por su supuesta participación en cuatro hechos, en los que el exsacerdote, “valiéndose de su ordenación, ademas del nexo de parentesco con algunas de las víctimas, ganó la confianza de los padres de los menores de edad afectados. De esta forma, estos autorizaban a sus hijos a participar de actividades pastorales, acompañar al imputado en sus actividades eclesiásticas e incluso pernoctar en las viviendas utilizadas por el imputado, quien ademas se valía de la influencia que tenía en los jóvenes para realizar distintos actos de significación y relevancia sexual, manteniendo dichas conductas silenciadas”.
Muñoz ejerció la función de párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Maipú entre el 15 de junio de 2003 y el 15 de junio de 2009. Luego fue nombrado canciller del Arzobispado de Santiago, el 9 de junio de 2011, cargo que ocupó hasta el 5 de enero del 2018, cuando se abrió una investigación canónica previa en su contra y se le suspendió su ejercicio sacerdotal.
“Nosotros vamos a defender con todas las pruebas disponibles la tesis de la completa inocencia de Óscar Muñoz. En el juicio vamos a poder probar que, de todos los hechos incluidos por la fiscalía en la acusación, algunos de ellos derechamente no existieron, otros son falsos y hay otros que son sacados de contexto”, dijo su abogado, Gabriel Henríquez.
El defensor está trabajando con un equipo de dos abogados más. Henríquez insiste en que el caso tiene varios “vicios procesales” o pruebas “espurias”. Algunas de esas irregularidades, dice, se remontan a cuando el suspendido fiscal regional de O’Higgins Emiliano Arias quiso radicar el caso en Rancagua, argumentando que existía una presunta víctima que había sido abusada en Pichilemu.
“Entre otras cosas creemos que vamos a poder sostener jurídicamente que existe una situación distinta respecto del hecho acusado del delito de violación. Sostendremos que esa situación difiere de la acusación del Ministerio Público en cuanto a fechas, y esas fechas marcan un cambio rotundo en la calificación jurídica. De haber ocurrido, la eventual víctima no habría sido menor de edad”, agrega Henríquez. Conocedores de la causa aseguran que la fiscalía tiene el caso armado. Como antecedentes, comentan que la autodenuncia que realizó Muñoz en la Oficina Pastoral de Denuncias, el 2 de enero de 2018, días antes de que llegara el Papa Francisco a Chile, sería uno de los datos más relevantes. Sin embargo, Henríquez precisa que cuando el excanciller se autodenunció, reconoció haber realizado “conductas impropias” con dos víctimas, pero en la causa que investiga la fiscalía “ninguna de esas víctimas forma parte del proceso penal”.b
“Vamos a defender con todas las pruebas la tesis de la completa inocencia de Óscar Muñoz”.
GABRIEL HENRÍQUEZ ABOGADO DE ÓSCAR MUÑOZ