REFORMA REGISTRAL

SEÑOR DIRECTOR

La Cámara de Diputados está pronta a votar la reforma del sistema notarial y registral. En la fase previa, mi opinión fue considerada innecesaria por el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, debido a mis críticas vertidas a través de la prensa.

Es evidente que esta materia debe ser actualizada y resulta encomiable el celo con que se ha tramitado este proyecto. Sin embargo, aún no queda claro por qué la gestión de datos se radica en el Registro Civil ni por qué debe ser el erario nacional el que financie los repositorios que ahí se crea. Si toda la información debe digitalizarse y suscribirse con firma electrónica avanzada, no se ve la necesidad de que un organismo se ocupe de unos repositorios que deberían estar a cargo de los propios notarios y conservadores, con obligación de interconectar los datos. Unas sanciones por incumplimiento asegurarían esta finalidad, evitando que las nuevas plataformas se concentren en un solo proveedor.

Llama la atención que, mientras se posterga una agenda social destinada a descomprimir la grave crisis que asola al país, un proyecto de ley comprometa ingentes recursos públicos (cuya última estimación alcanza los 2 mil millones de pesos solo en fase de implementación) para repositorios de dudosa utilidad práctica. Estas sumas se podrían destinar a mejorar las condiciones de vida de muchos chilenos, mientras que la publicidad de los datos corre por cuenta de quienes se benefician económicamente con ellos.

Jaime Alcalde Silva

Profesor de Derecho Privado UC