Consejo ciudadano para un pacto social legítimo
Sin dar respuesta a las concretas demandas sociales no habrá solución a la crisis social. El cuentagotas con que hoy se reacciona no lo ha logrado. Se requiere un pacto global con metas a alcanzar en el tiempo acompañado de una reforma tributaria que lo financie de manera sostenible. Pero si esta respuesta surge solo de un acuerdo político no logrará su cometido. No lo hizo con el acuerdo en materia constitucional; menos lo hará con el necesario pacto social.
La legitimidad del pacto social, y su eficacia para contener la movilización social y la violencia que se aprovecha de ella, dependerá de que la ciudadanía sienta que se acogen sus demandas y que fue parte de su gestación; más allá de lo que hoy hace en las calles. Crear un consejo ciudadano, integrado por las principales organizaciones sociales formales, es la forma práctica y constructiva de encauzar la expresión de la ciudadanía organizada y permite pasar de la protesta a la propuesta, lo que otorgará la gobernabilidad a los cambios que Chile requiere y la ciudadanía demanda.
Muchos países cuentan con una institucionalidad de participación social; todas tienen en común ser instituciones formales, autónomas, permanentes, plurales y de carácter consultivo en temas socioeconómicos de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Su fuerza y eficacia reside en su capacidad para lograr acuerdos que expresan el sentir mayoritario de la sociedad civil organizada. Éstas han fortalecido a los actores sociales y su capacidad para construir acuerdos. Esto es, fortalece el capital social del país.
Para impulsar el consejo el gobierno junto al Parlamento, deben convenir un proyecto de ley que define sus miembros, funciones y recursos. En el consejo deben estar representantes el mundo del trabajo -trabajadores y diversos tipos de empresarios-, organizaciones sociales y territoriales y expertos en desarrollo sostenible. Con paridad de género y un 10% de miembros de pueblos indígenas. El consejo, en lo inmediato, definiría metodologías y plazos de participación ciudadana para asegurar que el pacto social surja de un proceso transparente e incidente. La metodología de participación debe considerar las consultas que realizan los municipios, diversas organizaciones sociales y las consultas constitucionales que, sin duda, incluirán importantes demandas sociales. El consejo sistematizaría los resultados de estos procesos y convendrá las prioridades a ser atendidas por el pacto social. Posteriormente velará por el cumplimiento de los acuerdos logrados.
El rol permanente del consejo sería emitir dictámenes sobre los anteproyectos de leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales. Así, se abrirá un camino a la expresión ciudadana en torno al diseño e impacto de las políticas públicas. Con ello se fortalecerá la voz y el control ciudadano, lo que hoy se reclama en las calles encontraría un cauce institucional.