PREOCUPANTE AUMENTO DEL GASTO FISCAL
Si bien es razonable abandonar la regla fiscal ante escenarios disruptivos, es importante hacerlo con responsabilidad para no exponer al país a desequilibrios macroeconómicos futuros.
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La sorpresiva crisis política y social que asola al país desde mediados de octubre ha motivado la búsqueda de soluciones de variable índole. Mientras el sistema político intenta encauzar un proceso constitucional que busca –hasta el momento sin éxito- aplacar el malestar de un grupo de la población, el gobierno ha anunciado diversas medidas económicas con alto impacto fiscal.
Luego de presentar una Ley de Presupuestos con un crecimiento moderado del gasto de 3% real, que luego de muchos años estaría en línea con las perspectivas de crecimiento del PIB, el Ministerio de Hacienda decidió pasar a la ofensiva fiscal para contener la crisis y anticipó un crecimiento del gasto de 9,8% real en 2020, lo que implica un déficit estructural para el próximo año de 3% del PIB, con la meta de llegar a 2% del PIB en 2022, el doble de lo comprometido en la regla fiscal. Por su parte, la deuda pública llegaría –según las cifras oficiales- al 38% a fines de 2024.
Sin embargo, en el mercado existen válidas suspicacias sobre si estas nuevas metas son alcanzables. Des confianza que se ha acrecentado luego de las sorpresivas renuncias del director de Presupuestos–quien adujo motivos personales- y del subdirector de Presupuestos. A las dimisiones de las cabezas de la Dipres se sumó el descarnado informe que emitió el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en el que manifestó su “preocupación por el deterioro de las cuentas fiscales, expresado en los altos niveles de déficit efectivo y estructural proyectados para 2020, un déficit estructural de convergencia a 2022 más del doble del planteado como meta previo a la crisis, y el alto nivel de deuda bruta del gobierno central al que se llegará en el mediano plazo”. Entre las advertencias que plantea el CFA destaca el llamado para que las medidas transitorias planteadas por el gobierno no se vuelvan permanentes.
En el pasado, nuestro país se diferenció del resto de América Latina por la vía de mantener una política de gasto público sustentable, evitando financiar con ingresos transitorios compromisos permanentes, manteniendo acotada la deuda pública. Esta trayectoria de responsabilidad fiscal le permitió al país no solo alcanzar reconocimientos en rankings internacionales en ítems asociados a la estabilidad macroeconómica, también fue una de las causas que le permitió a la economía chilena acceder a bajas tasas de interés y contribuir a la política monetaria en su efectivo control sobre la inflación.
Es razonable permitir que se abandone la regla fiscal ante escenarios disruptivos, que requieren mayor gasto público en forma transitoria. Sin embargo, el pasado reciente ha demostrado que las decisiones políticas están subestimando la racionalidad en materia económica, escenario que, de mantenerse, expone al país a desequilibrios macroeconómicos en el futuro, lo que inevitablemente derivará en una pérdida del Estado para responder a las demandas ciudadanas, tal como ocurre en el resto de los países de la región.