GARANTÍAS PARA LA POLICÍA

SEÑOR DIRECTOR

En el marco de la discusión en materia de reforma policial, me parece ineludible que el Estado se haga cargo de regular un estatuto de garantías tanto funcionarias como operativas para el policía de línea. En este sentido, la alusión genérica a protocolos, reglamentos y estándares, en los hechos reemplazan evidentes déficits de formación y un importante abandono del funcionario llamado a responder frente a resultados de procedimientos dinámicos y complejos.

Resulta dramático enterarse que muchos de los funcionarios denunciados, justificadamente o no por sus actos de servicio, deben sufragar personalmente sus defensas, sin poder ampararse en cuerpos o asociaciones de pares que les permitan enfrentar mancomunadamente estas situaciones hasta que se definan por la Justicia.

Sumado a lo anterior, el reclamo (justificado o no) respecto de su actuación en materia de derechos humanos requiere un sistema de formación que necesariamente debe partir por el reconocimiento y el respeto del policía como un agente estatal primario y de base, sobre cuyos hombros descansa gran parte de la noción misma y la justificación del Estado como tal.

La relevancia de la función policial exige que incluso antes que esperar del policía una acción sofisticada y justa debemos darles a ellos un trato sofisticado y justo. Esto comprende su profesionalización y, desde luego, un estatuto que les asegure, al igual que a todos, sus derechos de asociación, expresión, debido proceso, carrera funcionaria, etc. Garantías

de que gozan y abusan algunos de los demás funcionarios públicos y todos los demás ciudadanos a quienes el policía está llamado a proteger y que paradojalmente a ellos muchas veces les son negadas.

Rodrigo de la Barra Cousiño Abogado