IMPORTANTE SEÑAL EN FAVOR DEL ORDEN PÚBLICO

Tras la aprobación en el Senado del proyecto que refuerza las sanciones en caso de barricadas y saqueos, cabe esperar que la tramitación no se dilate en la Cámara de Diputados.

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El Senado aprobó favorablemente el proyecto de ley -originado en moción parlamentariaque tipifica acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios (“antibarricadas”) y que fija penas para el saqueo en casos de calamidad y alteración del orden público. La Cámara Alta introdujo una serie de modificaciones a lo que ya había aprobado la Cámara de Diputados en primera instancia, pero en general no se altera el fondo de lo que se pretende sancionar.

El avance de esta agenda es un paso relevante, en una doble dimensión. Desde luego porque pone al día una legislación contenida en el Código Penal cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, lo que hacía indispensable una actualización, en particular atendido el contexto de vandalización y violencia que afecta al país, donde parece haber un consenso establecido sobre la necesidad de contar con figuras penales específicas que permitan una efectiva sanción de estos hechos. Pero hay también una dimensión política que cabe valorar, porque la oposición en su inmensa mayoría -luego de presentar indicaciones razonables al texto original elevado por la Cámara-, dio en general los votos que permitieron un acuerdo en el ámbito del orden público. Es importante reconocer que la iniciativa legislativa surgió particularmente de diputados ligados a la Democracia Cristiana y Renovación Nacional, revistiendo al proyecto de una dosis de transversalidad.

Uno de los aspectos más complejos que ha tenido el enfrentamiento de la violencia -que lamentablemente ha sido un acompañante de la legítima manifestación social- ha sido precisamente la falta de acuerdo político. A ello ha contribuido un accionar de las autoridades que en ocasiones ha sido errático, así como una tendencia recurrente en sectores de la oposición a intentar explicar o contextualizar la violencia. De allí que el paso que se ha dado abre esperanzas de que exista un cambio de actitud, sin perjuicio que cabe lamentar el alto número de senadores opositores que estuvieron por el rechazo en lo que respecta a sancionar las barricadas, no así el saqueo, que fue objeto de amplio respaldo. Varios legisladores esgrimieron como justificación que una nueva legislación es innecesaria, pues ya existiría ley para sancionar estos hechos, explicación que no resulta satisfactoria a la luz de la dificultades para lograr condenas más robustas en estos casos.

La Cámara de Diputados debe pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por el Senado; sería una positiva señal que ello se haga con premura, evitando ir a una comisión mixta. El país ha sido testigo en los últimos tres meses de escandalosas escenas de violencia y saqueos, donde el Estado se ha visto impotente para lograr imponer el orden público. Contar con estas herramientas penales aparece como un paso indispensable, pero serán insuficientes si es que Carabineros no cuenta con todo el respaldo y respeto a su autoridad para poder ejercer su labor preventiva y disuasiva.