Carabineros ha propuesto baja de 20 funcionarios desde octubre
Se trata de indagatorias administrativas por presuntos apremios ilegítimos contra manifestantes. En paralelo, hay más de mil investigaciones en curso.
Prácticamente todos los días se abre un sumario en Carabineros, al menos, desde el 18 de octubre del 2019. Así lo ha reconocido en repetidas ocasiones el general director de la institución, el general Mario Rozas. A la fecha se han iniciado más de mil investigaciones administrativas, en que hay algunas que ya culminaron sus pesquisas, con propuestas de baja y sanciones de menor intensidad.
Hasta el momento, los fiscales internos de Carabineros han propuesto la baja de 20 efectivos policiales por alejarse de los protocolos de actuación y uso de la fuerza de la policía uniformada.
No obstante, estos efectivos aún no están fuera de la institución. Resta que culminen las instancias de apelación, las que en algunas ocasiones puede revertir la expulsión. Sin embargo, advierte la policía uniformada, que en estos casos es muy difícil un revocamiento, pues son bajas que se solicitaron en casos graves de apremios ilegítimos.
Los casos
Entre las causas en que ya se decidió la sanción destaca el caso de los siete uniformados involucrados en la golpiza a un joven en Puente Alto, el 2 de febrero. Los policías agredieron a un manifestante en el suelo con golpes de puño y pie.
Otra propuesta de baja es la que atañe a ocho uniformado indagados por la golpiza a un manifestante en Plaza Ñuñoa, el 25 de octubre. Esta causa, además, está judicializada en la Fiscalía Oriente, donde a los uniformados se les imputa, incluso, el delito de tortura.
También hay sumarios en que no se han propuesto sanciones. Por ejemplo, en el caso de la 44° Comisaría de Peñalolén, en que algunas publicaciones de redes sociales viralizaron supuestas torturas con “crucifixiones” a detenidos, la investigación sumaria apuntaría a sobreseer lo pesquisado.
En la institución, advierten, que se abrió sumario por cada denuncia que se hizo, ya sea por canales formales o informales, como redes sociales, y que para evitar soslayar algún hecho se dispuso la apertura de la correspondiente indagatoria administrativa.
Un sumario que estaría en su etapa final para concluir es el que involucra a la Comisaría Baquedano (que estaba en el Metro), ya que se denunció que dicho lugar era usado como centro de torturas. Este caso fue desestimado tanto por la institución como por la Fiscalía Oriente.
Otro caso “emblemático” de los sumarios de Carabineros es el originado el 6 de noviembre de 2019, cuando el mayor Humberto Tapia disparó al interior del Liceo 7, en medio de manifestaciones en el establecimiento.
En esa indagatoria de Carabineros, según fuentes de la institución, se estaría por proponer la sanción de “días de arresto” para el oficial. Es una sanción similar a la suspensión de sus funciones por un tiempo determinado.
El caso del disparo en los ojos al joven Gustavo Gatica, el 8 de noviembre, es uno de los casos que también está en etapa sumaria. En esta investigación, hasta el momento, no se han determinado responsables, pues aunque los policías que dispararon ese día están identificado, no se ha establecido quién fue el que finalmente hirió al joven.
Reacciones
Para el jefe jurídico del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, “consideramos que en caso de cualquier sumario tiene que cumplirse el respeto al debido proceso, pero dicho lo anterior, las cifras parecen bajas. Tanto el número de sumarios abiertos, si se considera que son miles las denuncias recibidas por el INDH y la fiscalía, así como la baja de los funcionarios, si se considera que son miles los casos en que hemos constatado graves violaciones a los derechos humanos”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación de Defensa a Carabineros, y general (R) de la policía uniformado, Julio Pineda, sostuvo que “los carabineros funcionan con una presión tremenda y en un contexto que la gente no entiende. Esos elementos deben ponerse en contexto en los sumarios. Lo que no puede pasar es que por cada denuncia se sancione con la baja de la institución, ya que todo debe investigarse rigurosamente”.
“Las cifras nos parecen bajas (...) Esperamos que en todos los casos haya verdad y justicia”.
RODRIGO BUSTOS
JEFE JURÍDICO DEL INDH “Lo que no puede pasar es que por cada denuncia se sancione con la baja”.
JULIO PINEDA DIRECTOR EJECUTIVO DEFCAR