Plebiscito: un gabinete en blanco y negro
Si no hubiera prescindencia con miras al plebiscito de abril – que la hay-, el gabinete de Sebastián Piñera estaría mayoritariamente haciendo campaña en favor de una nueva Constitución. Varios ministros ya han sincerado –abiertamente, antes de la prohibición, o a sus cercanos, en privado- su postura sobre el tema, y en La Moneda reconocen que cada vez se hace más difícil mantener la neutralidad cuando el debate comienza a hegemonizar la pauta pública.
“Voy a votar, por supuesto, a favor de una nueva Constitución”, “No soy neutral”. Son algunas de las frases pronunciadas por miembros del gabinete del Presidente Sebastián Piñera en las últimas semanas a propósito del proceso constituyente.
Las tempranas definiciones de algunos secretarios de Estado se transformaron en abierta incomodidad en La Moneda, donde terminaron por mandatar prescindencia total a ministros, subsecretarios y –en generaltodo funcionario de alto rango.
El tema fue debatido los primeros días de enero en el comité político que dirige el titular de Interior, Gonzalo Blumel. Lo que primó en esa ocasión –señalan quienes participaron de la discusión- fue que dado que en los partidos oficialistas no existe una postura única en torno al debate por una nueva Constitución –la UDI definió “rechazo”, pero dio libertad de acción a sus militantes; en RN se optó por no adoptar una postura institucional y en Evópoli decidieron apoyar la opción “apruebo”, pero sin sanciones a sus militantes que voten la otra alternativa-, en el gobierno no se permitirán manifestaciones públicas del gabinete a favor de una u otra opción. El objetivo: evitar profundizar en desencuentros y tensiones en Chile Vamos y -también- no dar señales equívocas desde el poder central.
La decisión –en rigor, reconocen en Palacio- fue un gesto a la UDI, cuya directiva encabezada por Jacque
line van Rysselberghe tomó nota de que varios de los ministros –incluido el titular de Interior o de Hacienda, Ignacio Briones– comenzaban a manifestar su opinión a favor de una nueva Constitución en el plebiscito del 26 de abril.
El reclamo no se hizo esperar en el seno del gobierno, donde empatizan con la presión que enfrenta en su electorado el gremialismo desde que Van Rysselberghe, al calor de las movilizaciones sociales, estampó su firma en el Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución, suscrito el pasado 15 de noviembre por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria.
Pero lo cierto es que en La Moneda admiten que cada vez se hace más difícil mantener la neutralidad cuando el debate comienza a hegemonizar la pauta pública. Le pasó esta semana al intendente de Santiago, Felipe Guevara, quien además es vicepresidente de RN, y que rompió la regla de no marcar postura en el tema. El jefe regional se manifestó de manera entusiasta por aprobar un cambio a la Constitución. Le llegó reto.
Por estos días no es fácil abordar con los distintos secretarios de Estado el tema. Apenas se esboza la pregunta, la gran mayoría invoca la regla de prescindencia impuesta por el Presidente Piñera. Sin embargo, ya antes de la prohibición, varios ministros habían manifestado su opinión sobre el tema. De hecho, fue el propio ministro del Interior quien abrió el debate, aun antes del acuerdo político que dio origen al proceso constituyente.
“Creemos que el debate sobre una nueva Constitución es legítimo y, de hecho, como gobierno lo vamos a abordar”, sostuvo Blumel en Mesa Central, de Canal 13, días antes de la suscripción del acuerdo. Y, consultado específicamente sobre la creación de un nuevo texto, añadió que “tenemos que crear un mecanismo que permita introducir cambios profundos que puedan incluso derivar en una nueva Constitución”.
Otros, en tanto, han sincerado con sus cercanos su postura en el tema. Y -al hacer el recuento- la mayoría de los ministros de Piñera están por votar “apruebo” en abril. Algunos -eso sí- han comenzado a manifestarse en proceso de reflexión después de mirar con simpatía el cambio a la Constitución debido a la mantención de las manifestaciones violentas y la falta de condena a ellas por parte de la izquierda, como sería el caso de la ministra de Deportes, Cecilia Pérez. Otros, los menos mantienen en suspenso su postura. Y -por cierto-, hay varios que ya se cuadraron con la postura de “rechazo”.
A la espera de que el debate vuelva a agitarse en marzo, La Moneda alista un instructivo para reglamentar de manera específica las restricciones que los funcionarios públicos deberán mantener en el tema. El documento será dado a conocer en las próximas semanas.D