Las zonas grises del Consejo para la Transparencia

Por primera vez, el organismo recibió una denuncia por presuntas irregularidades, lo que generó críticas internas y abrió otros cuestionamientos.

La denuncia por presuntas irregularidades al interior del Consejo para la Transparencia (CPLT) ingresó al sistema de la Contraloría a las 17.02 del viernes 10 de enero. “Graves faltas a la probidad, posible falsificación de instrumento público y tráfico de influencias”, forman parte de las acusaciones realizadas por un funcionario, cuya identidad quedó bajo reserva en el ente contralor.

En la presentación se denunciaron “graves faltas a la probidad y posible falsificación de instrumento público, por parte del secretario del Consejo Directivo, José Ruiz Yáñez. Además, de tráfico de influencias del consejero y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, y la directora general, Andrea Ruiz, en beneficio de este funcionario”. El caso remeció al organismo fundado en 2008. No solo por ser la primera denuncia de irregularidades que enfrenta –y que llevó a la Contraloría a ordenar un detallado informe-, sino porque, además, evidenció la existencia de zonas grises de la entidad creada para velar por la transparencia en las instituciones públicas.

Cuatro miembros componen el consejo directivo: Jorge Jaraquemada -actual presidente del CPLT, Gloria de la Fuente, Marcelo Drago y Francisco Leturia (ver recuadros). Ellos son los encargados, entre otras materias, de resolver amparos y reclamos por incumplimientos a la Ley de Transparencia, dictar instrucciones, recomendaciones o pronunciamientos internos, y fiscalizar y revisar las obligaciones de transparencia activa y sobre el derecho de acceso a la información.

Una de las áreas grises que tendría el organismo, relata la denuncia presentada en la Contraloría, se relaciona con el retraso y la “omisión selectiva” de actas de las sesiones del consejo, máxima instancia del organismo autónomo, cuyo presupuesto anual bordea los $ 7.402 millones.

¿Qué relevancia tienen estos documentos? Según explican desde el Consejo para la Transparencia, a través de estos informes se plasman los argumentos esbozados durante las sesiones. Ahí quedan establecidos los fundamentos detrás de las sanciones a organismos públicos o los motivos de cierre de causas, así como también las medidas correctivas internas que se adoptan al detectar anomalías, como, por ejemplo, la supuesta omisión de antecedentes que llevaron a sobreseer un caso a fines de 2019.

Según la denuncia, “la omisión selectiva de las actas genera y generó consecuencias. No solo un incumplimiento de las normas de transparencia activa (sin sanción), sino que obligó a revertir decisiones, sanciones y sumarios, que habían sido realizados y que no contaban con respaldo. Incluso había actas publicadas omitiendo expresamente algunos acuerdos adoptados, que a la postre significaron la absolución o sobreseimiento de los afectados”.

Críticas internas

Un caso que generó revuelo dentro del CPLT ocurrió el 20 de diciembre de 2018, fecha en que el Consejo instruyó un sumario contra el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. La acción se adoptó luego de la presentación de un amparo por denegar antecedentes sobre la rendición de gastos de un proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico que patrocinaba esa casa de estudios. Tras revisar el caso, un fiscal del CPLT “procedió a la formulación de cargos en contra de don Ennio Vivaldi Véjar, en su calidad de jefe superior del servicio”, precisa el acta del ente fiscalizador. Pero la sanción nunca se aplicó.

“Algunos acuerdos referentes a temas de fiscalización no estarían incorporados en las actas correspondientes, así es el caso de un sumario instruido contra el rector de la Universidad de Chile, que no se encuentra en el acta de la sesión N° 951. Lo que fue planteado por la referida universidad en los descargos, pidiendo la nulidad de todo lo obrado. El consejero (Francisco) Leturia, señala que esta situación es delicada”, narra un do

cumento del CPLT emitido tras la sesión del 25 de junio de 2019.

Posteriormente, y tras aducir la existencia de nuevos antecedentes, el caso fue sobreseído y Vivaldi no recibió amonestación.

A través de una misiva enviada a los consejeros, el 5 de diciembre pasado, la Asociación de Funcionarios y Funcionarias manifestó su malestar. La “situación ha generado muchos cuestionamientos de las razones que impidieron que el acta no mencionara dicho sumario ordenado a la Universidad de Chile y genera la duda: ¿Fue una omisión voluntaria o intencionada? Cualquiera de las dos situaciones es grave, y dentro del consejo quedó implantada la idea de que si este tipo de errores los comete un funcionario que goce del respaldo de las autoridades del consejo, gozará de inmunidad”, acusaron los trabajadores.

Otro problema interno detectado en el CPLT es el retraso en la redacción y publicación de las actas. El 10 de octubre de 2019, el tema fue abordado por los cuatro consejeros. En total, 66 actas -algunas de ellas de 2017- estaban pendientes de redactarse y publicarse en el portal de Transparencia Activa del Consejo. Tras la sesión, se acordó subsanar esta anomalía el 30 de octubre. Sin embargo, en una nueva reunión, celebrada el 16 de enero de este año, aún quedaban 16 documentos por elaborar, entre ellos, casos de amparo contra entidades públicas o aspectos de gestión interna del propio organismo. Contactados por La Tercera Domingo, desde el CPLT aseguraron que tras la presentación efectuada en la Contraloría, “el consejo directivo encargó, en el marco del procedimiento regular, a la fiscalía del CPLT levantar y consolidar antecedentes sobre el particular, los que serán remitidos al órgano fiscalizador en los próximos días. En paralelo, ordenó instruir una investigación sumaria que busca determinar lo ocurrido con eventuales errores en algunas actas de las sesiones de este consejo directivo”.

Sesiones y consejeros

En la misiva del 5 diciembre, los funcionarios del CPLT alertan, además, sobre el alto costo que implica para el organismo el pago de asesores externos contratados para colaborar con los consejeros. En este caso, aseguran que cada uno de ellos recibe una remuneración bruta mensual de $ 2.000.000.

Las sesiones dobles que realiza el consejo directivo también son objeto de cuestionamientos internos en la institución. “Se percibe de forma negativa la realización de sesiones dobles de consejo, ya que en ocasiones pareciera que se hace para cumplir con la dieta”, dice la carta. A excepción del presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, los tres miembros de esta instancia perciben, además de su sueldo mensual, una dieta equivalente a 15 UF ($ 428.805) por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 UF por mes ($ 2,8 millones).

En enero pasado, por ejemplo, se realizaron cinco sesiones. Dos de ellas se celebraron el 7 de enero. Altas fuentes del Consejo aclaran que para “estar presente”, incluso, se puede participar de manera telefónica, como ocurrió con el consejero Marcelo Drago, quien el miércoles “asistió” a una sesión pese a estar en Villarrica. La falta de exclusividad en el cargo permitiría este tipo de situaciones, debido a que los consejeros pueden desarrollar otras actividades paralelas a sus funciones en el CPLT.

Uno de los debates internos más complejos se relaciona con dejar un registro explícito de las inhabilidades en las actas del consejo. En una de las últimas reuniones, del 23 de enero, Leturia propuso dejar por escrito las “causales de abstención que afectan a uno o más consejeros en relación con un caso determinado”. Sin embargo, “el consejero Marcelo Drago dice que ello está debidamente tratado (...) señala que las inhabilidades de los consejeros se publican en la página web institucional”.

¿Cómo se elige a los consejeros? Tras ser propuestos por el Presidente de la República, dos tercios del Senado deben ratificar la decisión. Cada designación, aseguran altas fuentes del organismo, responde a un interés político. La mitad de los consejeros electos militan o tienen afinidad con un partido de oposición y del oficialismo.

De acuerdo con antiguos integrantes del Consejo, a más de una década de su creación, el organismo está listo para ponerse al día. Actualmente, el Congreso evalúa dos proyectos de ley en primer trámite que podrían cambiar su estructura: en la Cámara se analiza la “Ley de Transparencia 2.0”, que amplía sus facultades de fiscalización a siete nuevas instituciones; en el Senado, en tanto, se discute la Ley de Protección de Datos, que le entregaría al CPLT la responsabilidad de velar por los datos personales frente a las empresas que los administran. Esta nueva tarea haría necesaria una nueva sala, específica para tratar estos casos, o la integración de nuevos consejeros, que podrían tener dedicación exclusiva.

En el Consejo esperan tener al menos uno de esos dos proyectos aprobados para finales de este año, cuando Jaraquemada y Drago deban dejar vacantes sus asientos, y De la Fuente probablemente asuma como presidenta, con la misión de emprender nuevas iniciativas internas que minimicen las áreas grises que hoy tiene el Consejo para la Transparencia.