LIMITACIÓN DE UTILIDADES EN LAS ISAPRES
La fórmula insinuada por la autoridad de Salud es ineficiente y se aleja del espíritu de las reformas impulsadas hasta ahora, que buscan diseñar regulaciones para estimular la competencia.
Precisamente por la importancia que otorga la población a un acceso a prestaciones de salud de calidad, oportunas y a precios razonables, el diseño del sistema nacional de salud y sus regulaciones ha sido motivo de continuo debate técnico y político. La opinión fuertemente dividida entre partidarios de un sistema estatal -operado por funcionarios públicos y que descansa en fiscalización para asignar y movilizar los recursos- y quienes postulan las ventajas de un sistema que incorpore a empresas privadas -que compitan a través de calidad y costos para atraer afiliados- ha hecho prácticamente imposible la reforma del sistema de salud del país, que adolece de problemas graves.
El sistema de Isapres, en particular, se sostiene con dificultades entre varias fuerzas: la defensa de sus afiliados que en general lo perciben como un sistema eficiente, y que ven como un grave riesgo su debilitamiento frente a un sistema estatal eventualmente hegemónico; la demanda por parte de esos mismos afiliados de mejores mecanismos de determinación del nivel y diferenciación de primas entre afiliados según su condición de salud y mayor movilidad entre aseguradoras; las dificultades que emanan de algunos sectores políticos que condicionan las posibles correcciones a la regulación de las Isapres a que el sistema avance en una lógica que le es ajena.
Frente a un ya largo historial de propuestas frustradas de reformas al sistema de Isapres, que buscaron atender a la demanda de los afiliados por correcciones al tiempo que abrir el horizonte al desarrollo sólido del sistema de seguros de salud privado, llamaron la atención las recientes declaraciones del ministro de Salud. Ante el incremento en utilidades de las aseguradoras, que como consecuencia de la pandemia han visto reducirse la demanda por consultas y procedimientos posibles de postergar, el ministro indicó su disposición a considerar la fijación del nivel de utilidades a las Isapres, apoyándose en que ello ocurre en el sector eléctrico y otros ámbitos regulados.
Más allá de que no se ponderara en forma adecuada el que estas utilidades pudieran ser transitorias, si solo ha habido postergación en la demanda por servicios, o el que las aseguradoras tuvieron un año 2019 de bajas utilidades en promedio y con varias de ellas anotando pérdidas, la noción expresada por el ministro representa una profunda desviación en la orientación con que el gobierno venía abordando el problema de las Isapres. Desde luego, ignora que la regulación de utilidades, que hace perfecto sentido en el caso de monopolios naturales en electricidad, empresas sanitarias, etc., es la antítesis de lo requerido por las Isapres, donde hasta ahora se buscaba diseñar regulaciones, como la normalización de planes, que estimulen mayor competencia, o procurar abordar aquellos aspectos que han llevado a una inflación en los costos de salud.
Es indispensable que se retome la discusión legislativa para perfeccionar el sistema Isapres, y no desviarse en fórmulas que, además de ineficientes, no forman parte de las reformas que el propio gobierno presentó ante el Congreso.